Pese a la brutal crisis financiera que ha asolado Europa en la última década, los casos en que los clientes bancarios no han podido retirar su dinero de entidades con problemas han sido anec- dóticos gracias a los rescates con dinero público. Sin embargo, esa situación puede cambiar la próxima vez que se produzca la debacle de un banco. Es lo que pretenden desde hace tiempo la Comisión Europea y las autoridades de supervisión y resolución bancarias comunitarias, como volvió a quedar de manifiesto hace unos días. Y ello pese a la total oposición del sector financiero y del mercado, que alertan del efecto contraproducente que pueden provocar esos corralitos.
El Ejecutivo comunitario presentó el pasado miércoles un paquete de propuestas a los estados miembros para culminar la creación de la Unión Bancaria. Entre otras medidas, insistió en su apuesta por «armonizar» la normativa sobre las «herramientas de moratoria» (la capacidad de decretar corralitos, solo disponible en algunos países) en vista de la «experiencia reciente».
Bruselas se refería así a la crisis del Banco Popular, que perdió 18.000 millones en depósitos entre el cierre de marzo y su intervención el 7 de junio. Esta fuga de depósitos obligó a las autoridades europeas a actuar en la madrugada de un martes a un miércoles, cuando la normativa comunitaria establece que es mejor esperar al fin de semana.
DE CINCO A 20 DÍAS / Para evitar este tipo de situaciones, la Comisión Europea propuso en noviembre del 2016 que las autoridades de resolución bancaria nacionales (el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, en el caso español), tras consultarlo con las europeas (la Junta Único de Resolución, JUR), puedan imponer un corralito de hasta cinco días laborables a entidades con problemas. Eso sí, quedaría excluido el dinero cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos (ahorros minoristas de hasta 100.000 euros).
La propuesta se negocia en el Parlamento Europeo y entre los estados. El objetivo es que haya un acuerdo «a mediados del 2018, como muy tarde». En julio, la presidencia de turno de la UE, ejercida por Estonia, propuso que la moratoria pueda ser de cinco días laborales, ampliables a 20 en casos excepcionales, e incluyendo los depósitos garantizados. Solo se permitiría a los depositantes retirar una cantidad limitada.
CONSECUENCIAS INDESEADAS / Las dos grandes patronales financieras europeas, la Asociación para los Mercados Financieros en Europa (AFME, en inglés) y la Federación Bancaria Europea (EBF, en inglés), se oponen tajantemente. En una carta, las dos organizaciones han advertido a las autoridades de que «cualquier depositante asegurado o no que pueda verse afectado por la moratoria se verá incentivado a retirar sus depósitos al primer síntoma de peligro por temor a la perspectiva de quedarse por un tiempo sin acceso a su dinero». Además, añaden, «nada más levantarse la moratoria, el curso racional de acción para los depositantes será retirar sus depósitos de inmediato».
Las entidades temen que la capacidad de moratoria pueda dificultar y encarecer su financiación, ya que supone apartarse de los «estándares acordados internacionalmente». Un juicio que comparte Standard & Poor’s. «La moratoria puede tener consecuencias indeseadas como potencialmente acelerar las retiradas de liquidez cuando un banco se encuentre bajo estrés. También puede poner a los bancos europeos en una posición de desventaja competitiva frente a sus iguales internacionales», apuntó en un informe. Incluso el Banco de Inglaterra alertó en julio de que la medida podría tener «consecuencias muy serias».
