El Banco de España desniveló ayer la contienda en que están inmersos bancos y cajas en los últimos días a cuenta de la inminente aprobación del fondo de reordenación financiera, que va a gestionar el propio organismo supervisor. El gobernador, Miguel Angel Fernández Ordóñez, advirtió ayer de que las entidades a las que se ayude inyectando capital público se verán obligadas a reestructurarse, y que ello pasará, "como poco", por emprender una fusión con una entidad en condiciones.

La excepcional situación que vive el sector ha provocado algo tan poco habitual como que el regulador se alinee de forma más que evidente con parte del sistema financiero frente al otro. Pero lo cierto es que Fernández Ordóñez no dudó en apoyar de forma clara la posición defendida por la patronal bancaria AEB. En consecuencia, se opuso a los postulados mantenidos por la CECA, patronal de las cajas, que había defendido una aplicación "flexible" del fondo y ayudas para "todos los que lo necesiten".

MISMOS ERRORES "Fusionar, absorber, etcétera... Lo que significa es que no puede quedar el mismo número de instituciones", resumió el gobernador, tras comparecer en el Congreso. El supervisor va a tratar de que en España no se repitan los mismos errores que se han cometido en otros sistemas financieros: "Lo que han hecho otros países, que es pretender salvar a todas y cada una de sus entidades, no me parece bueno".

Las fusiones, argumentó Fernández Ordóñez, son una opción más "suave" que otras "más brutales", como la liquidación de la entidad o su cierre. Pero tampoco es una buena opción, apostilló, garantizar la continuidad de todos los bancos y cajas. "Ahora lo que hay que pretender es que las que queden sean solventes", afirmó.

El gobernador rechazó que España está tardando demasiado en reordenar el sector: "Si no hace falta, no hay que dar el dinero, porque va a costar menos al contribuyente". Eso sí, reconoció que le gustaría que, como parece probable, el Consejo de Ministros apruebe este viernes el fondo de reestructuración.

Fernández Ordóñez afirmó que la reordenación se hará con el menor coste posible para los contribuyentes (los plazos de devolución de las ayudas serán "realistas y con cierto grado de exigencia") y se comprometió a someterse a un control parlamentario "posterior". La ejecución, puntualizó, debe hacerse con "criterios profesionales".

Así, recordó a las autonomías que, en los casos en que una entidad es intervenida, la legislación vigente da al Banco de España todo el poder para decidir sobre esa entidad en el supuesto de fusión interregional: "Las fusiones dentro de las regiones pueden ser buenas. Pero si no solucionan el problema o el coste para el contribuyente es mayor, pues no es lo mismo".