El gobernador del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez, insistió ayer en la necesidad de una reforma laboral, y lo hizo con más urgencia que nunca. Según el gobernador, "el deterioro del empleo y el aumento del paro constituyen el problema de mayor gravedad al que se enfrenta la economía española y el que más dificulta la recuperación y la consolidación fiscal". Y, dado el relativo retraso y lentitud con que España saldrá de la crisis y la enorme bolsa de parados que se ha generado en dos años, solo será posible disolver tal problema si se multiplica la capacidad de generar empleo, mediante una reforma laboral, opina el Banco de España.

Nuevas modalidades de contratación --para facilitar la creación de puestos y evitar la elevada temporalidad--, y una negociación colectiva más flexible --para una mayor adecuación de salarios y condiciones laborales a cada empresa-- son dos reformas que, según el Banco de España, servirían "para suavizar el impacto de la crisis sobre el empleo, reasignar los trabajadores excedentes hacia sectores más productivos y aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía". Con sumo cuidado, el gobernador evitó hablar de los costes del despido.

DEMANDA CLASICA El gobernador compareció ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y por eso eligió argumentos de ingresos y gastos para defender lo que ya es un clásico del Banco de España: la reforma laboral. Suprimir los ministerios de Exteriores y Justicia --eligió como ejemplo-- ahorraría 4.000 millones al Estado. Poca cosa, al lado de los 30.000 millones que cuesta la prestación por desempleo. Por eso "es absolutamente necesario hacer una reforma que equipare el mercado laboral español a lo que sucede en el resto de los países desarrollados, donde la tasa de paro, en momentos de bonanza es del 3% o el 4% y en los peores llega al 9% o el 10%". En España en los momentos de mayor crecimiento, la tasa apenas bajó del 8% y ahora llega al 20%.

En una intervención nada crítica frente al proyecto de presupuestos del Estado para el 2010, Fernández Ordóñez apoyó el objetivo del Gobierno de reducir el déficit de las administraciones públicas al 8,1% del PIB en el 2010 y avaló la subida de impuestos. Pero reclamó firmeza a Gobierno y autonomías.

Para evitar tentaciones, el gobernador dijo que, con un déficit que, según las previsiones del Gobierno, puede rondar el 10% del PIB en el 2009 "no queda absolutamente ningún margen para ninguna política expansiva" y puso un ejemplo: "nos estamos gastando el 50% más de lo que ingresamos, y eso no hay familia ni empresa que lo pueda mantener mucho tiempo", tampoco el Estado. El gobernador se desmarcó así de quienes defienden un mayor uso de los estímulos fiscales frente a la crisis y también de quienes opinan que no es adecuado subir impuestos en medio de una recesión.

"TOCAR TODAS LAS TECLAS" El recorte del déficit se debe hacer, sobre todo, mediante el ajuste del gasto improductivo, "tanto en consumo como en inversión", opinó. Pero la gravedad de la situación lleva a "tocar todas las teclas" y subir impuestos. En este sentido, el gobernador juzgó adecuada la subida fiscal anunciada por el Gobierno, en particular, la del IVA, porque --según dijo-- es la que menos "distorsiona" el crecimiento.

El gobernador del Banco de España planteó reparos a la nueva fiscalidad sobre las rentas del capital anunciada por el Gobierno. No tanto por la subida (el tipo general pasa del 18% al 20%), sino por haber añadido al tipo único existente hasta ahora un nuevo tipo incrementado, del 21%, para las rentas de capital superiores a 6.000 euros.