El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, instó ayer al Gobierno a impulsar los impuestos verdes para combatir la crisis climática. «La política fiscal puede y debe desempeñar un papel preeminente en la gestión de la transición hacia una economía más sostenible», defendió. Son los ejecutivos y los parlamentos, argumentó, los que tienen la «legitimidad necesaria para marcar la senda de este proceso de transformación».
El Gobierno expresó varias veces su compromiso de relanzar la fiscalidad verde, hasta ahora emprendida mayoritariamente por las comunidades autónomas con gran dispersión, pero de momento solo ha concretado de forma clara su intención de grabar el diésel. En este contexto, el gobernador recordó que el Climate Leadership Council ha sostenido que un «impuesto al carbono supone la palanca más eficiente en términos de coste para reducir las emisiones de carbono en la magnitud y velocidad que son necesarias».
En unas jornadas sobre finanzas sostenibles del Club Español de la Energía, Hernández de Cos consideró clave decidir qué uso darle a la recaudación obtenida por estos impuestos. «Y ello tanto desde una perspectiva económica, fomentando la innovación tecnológica y la adopción de tecnologías limpias, como desde una perspectiva social, compensando a los perdedores del proceso de transición», defendió.
Así, se opuso a que lo ingresado se destine a otros fines distintos de los propiamente medioambientales, como reducir el déficit y la deuda.
«En mi opinión, la política fiscal debe desempeñar un papel preponderante en la gestión del cambio climático, tanto para desincentivar las actividades más perjudiciales para el medioambiente como para impulsar las inversiones que serán necesarias para desarrollar tecnologías más limpias y, también, para paliar los costes sociales de la transición», resumió.
En la transición ecológica, advirtió el gobernador, habrá «personas, sectores e incluso países cuyo bienestar se verá inevitablemente reducido, al menos en la fase de transición». Para combatirlo, añadió, los responsables de la política económica deben identificar a los colectivos que tengan más posibilidades de sufrir las consecuencias y tomar medidas que mitiguen los efectos negativos.
