La moratoria aprobada por el Gobierno en abril para los concursos de acreedores (el procedimiento que abarca las situaciones de quiebra y suspensión de pago de las empresas) vence el próximo enero y el Banco de España cree que no es buena idea ampliarla. Así lo ha defendido este viernes en un informe en el que advierte que su prorroga podría provocar la supervivencia de empresas inviables o "zombies" que juzga conveniente que desaparezcan.

"Sería conveniente evaluar cuidadosamente una posible prolongación de la moratoria concursal más allá de finales de 2020, dado que esto podría exacerbar el problema: las empresas inviables seguirían en el mercado, con balances cada vez más deteriorados, y se acumularían los casos de insolvencia, que se habrían de resolver cuando finalmente se alzara la moratoria", ha argumentado la institución gobernada por Pablo Hernández de Cos.

El Ejecutivo suspendió en abril la obligación de las empresas de solicitar el concurso conocido como voluntario hasta el 31 de diciembre. Normalmente están obligadas a pedirlo en los dos meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o salarios. También se impidió a sus acreedores reclamarlo (concurso necesario) hasta la misma fecha. La medida es similar a la adoptada en Alemania, República Checa, Luxemburgo, Portugal y Francia.

Necesaria temporalmente

El objetivo de la iniciativa, señala el Banco de España, es evitar que empresas con "importantes pérdidas y déficits de financiación a corto plazo" como consecuencia de la pandemia "puedan llegar a ser liquidadas en momentos de extrema incertidumbre económica, en los que es difícil discernir entre empresas viables e inviables". El número de concursos, de hecho, ha bajado notablemente (no han desaparecido porque las empresas no tienen la obligación de solicitarlos, pero sí el derecho de hacerlo). Entre enero y septiembre, se han registrado 4.290, un 21% menos que en el mismo periodo del 2018, lo que "ha evitado una avalancha de solicitudes concursales que habría colapsado los Juzgados de lo Mercantil", reconoce el organismo.

Con todo, la institución considera que no conviene prorrogar la medida. "Si se prolonga en el tiempo, puede contribuir a una mayor tasa de supervivencia de empresas inviables, que, en ausencia de ciertas medidas de sostenimiento financiero -refinanciaciones bancarias o nuevo crédito de sus contrapartes contractuales-, desaparecerían en un breve plazo. En la literatura económica, a estas empresas se las denomina con frecuencia 'empresas zombis'. Existe evidencia de que este fenómeno reduce los beneficios del resto de las empresas, disminuye la inversión y el crecimiento del empleo, desincentiva la entrada de nuevas sociedades y provoca una mala asignación de los recursos productivos y pérdidas de productividad", ha argumentado.

A corto y largo plazo

Si se sigue su consejo, el Banco de España reconoce que a partir de enero se producirá un "repunte significativo" de las solicitudes de concursos que considera necesario. "La facilidad con la que se congestionan los Juzgados de lo Mercantil ponen de manifiesto la relevancia de analizar posibles soluciones que promuevan la reestructuración de las deudas de empresas insolventes pero viables a medio plazo, faciliten la liquidación de empresas inviables y reduzcan la duración de los procedimientos concursales para evitar la depreciación de los activos empresariales y aumentar las tasas de recuperación del crédito por parte de los acreedores", añade.

El organismo, así, propone a corto plazo fomentar el uso de procedimientos preconcursales, como los acuerdos de refinanciación de deudas y los acuerdos extrajudiciales de pagos para personas físicas y empresas pequeñas. Estos últimos, ha lamentado, no son muy usados y se podrían incentivar si los acreedores públicos, como Hacienda y la Seguridad Social, aceptan quitas mayores que los privados bajo ciertas circunstancias, como ha sugerido recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A largo plazo, ha propuesto reforzar los juzgados de lo mercantil; involucrar a los acreedores públicos y acortar y suavizar los planes de pagos en los concursos personales de autónomos y pequeños empresarios; y diseñar mecanismos concursales específicos para microempresas y para autónomos más ágiles y menos costosos que el procedimiento concursal propio de empresas de mayor tamaño.