La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno es "un incompetente, ignorante, inmoral político y miserable" que con la "barbaridad y tropelía" de la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo lleva a "la quiebra real" a España.

Por ello, ha señalado en rueda de prensa que Zapatero "no va salirse de rositas" y que si quiere que paguen, "primero que se vaya". "No tenemos por qué pagar los más débiles, los pensionistas y los ayuntamientos, por la ignorancia brutal de este hombre". De hecho, ha señalado que esta medida tendrá graves consecuencias para el consistorio ya que deberán "rehacer los presupuestos" y algunas obras no se podrán acometer, por lo que ha avanzado que no prestará los servicios que son competencias del Estado y estudiará además la legalidad de esta medida.

Barberá ha constatado en ese sentido que esta prohibición es "la crónica de una improvisación" ya que hace solo cuatro meses autorizó a los entes locales a endeudarse por valor de 11.000 millones y en lugar de acometer la reforma de la financiación local "hoy entra en vigor este decreto de recortes que es una auténtica salvajada, una tropelía y una injusticia para los ayuntamientos", puesto que son los que tienen menos déficit, "pero sobre todo para los vecinos, que verán mermados los servicios" que les prestan.

DECRETO "PROMULGADO CON ALEVOSÍA"

Además, ha criticado que hace solo dos días en la reunión que mantuvo en la localidad alicantina de Elx con más de 2.000 concejales no dijo nada porque "habría salido a gorrazos políticos".

Por ello, ha recalcado que se trata de un decreto promulgado "a escondidas, con nocturnidad, y alevosía" y que ahora dicen "con cinismo" que la rectificación del Ejecutivo central de retrasar hasta enero del 2011 la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse fue "un error". Por contra, ha atribuido este cambio a que "algún grupo político que necesita Zapatero para mantenerse en el Gobierno llamó anoche y entonces se descubrió el error", ha ironizado.

En esta misma línea, considera que esa "gravísima situación" es consecuencia del "gran desorden" y "despilfarro" del Gobierno de Zapatero, que "no tomó medidas ante la crisis". "Ahora nos gobiernan de fuera y nos exigen un recorte de al menos 15.000 millones", ha dicho la alcaldesa, que ha apuntado que esta cantidad podría salir de los 13.500 millones de euros invertidos en el Plan E y de los 1.300 millones de publicitarios.

POSIBLE ILEGALIDAD

Al respecto, ha recalcado que está de acuerdo con que se necesitan recortes pero ha advertido: "No vamos a pagar las culpas del nefasto Gobierno de Zapatero ni los pensionistas ni los ayuntamientos que somos los más débiles". Por ello, ha mantenido que si el presidente del Gobierno tiene "un mínimo sentido de responsabilidad" debe dimitir porque "no puede irse de rositas".

En esta línea, ha argumentado que se trata de una medida "injusta e improvisada" porque si la Administración central es responsable del 11,4% del déficit de España y las comunidades autónomas de un 2,2%, los entes locales "solo" del 0,5%. "Somos los que menos contribuimos con mucho en el déficit del Estado y, además, nos mide por el mismo rasero sin tener en cuenta quién ha hecho los deberes". "Y aquí no se ha visto ni una línea sobre Gobiernos y autonomías", ha reprochado.

Barberá ha avanzado que su ayuntamiento, pese a tener las cuentas saneadas, tendrá que "modificar todos sus presupuestos, eliminar proyectos, y dejar de invertir, con lo que se va a perjudicar la actividad económica, rescindir contratos, cerrar empresas y más paro".

Además, se reducirán los políticas fiscales, aunque ha aclarado que no va subir los impuestos y "por encima de todo" intentará que no haya despidos. Asimsimo, dejará de prestar el 30% de los servicios que son competencias del Estado. Por último, ha anunciado que estudiarán la posible ilegalidad de esta medida por atentar contra la autonomía local y la suficiencia financiera de las entidades locales y, cada delegación realizará asimismo un profundo análisis de ingresos y gastos para ver qué partidas se tendrán que recortar.