Los bancos podrán volver a pagar dividendos a sus accionistas a partir del año que viene, pero no todos ni tanto como les gustaría. El Banco Central Europeo (BCE) ha levantado este martes la recomendación -prohibición, en la práctica- vigente desde marzo de que las entidades financieras de la zona euro no remuneren a sus propietarios, pero, como adelantó EL PERIÓDICO hace tres semanas, lo ha hecho de forma parcial y limitada: solo podrán distribuir la cantidad más baja entre el 0,2% de su capital y el 15% de su beneficio acumulado del periodo 2019-2020 (lo habitual antes de la crisis era entre el 40% y el 50%) los bancos que demuestren al supervisor que son lo suficientemente solventes como para permitírselo.
La Junta Única de Supervisión del BCE, así, ha instado a las entidades a ser "extremadamente prudentes con los dividendos y la recompra de acciones" (otra forma de premiar al accionista, ya que eleva el valor del resto de títulos). Por ello, les ha pedido que "tomen en consideración" no pagar a sus propietarios o "limitar" dichos pagos hasta el 30 de septiembre del 2021. Las entidades que tengan la intención de abonarlos, ha resaltado, deberán "ser rentables y tener trayectorias de capital sólidas" y habrán de comunicárselo a los equipos de inspección del BCE encargados de las mismas, que determinarán "si el nivel de distribución previsto es prudente".
Los bancos, además, no podrán distribuir dividendos adelantados con cargo al resultado del 2021. Al cierre del septiembre del año que viene, y "en ausencia de acontecimientos materialmente adversos", el BCE tiene la intención de "derogar la recomendación" y volver a evaluar los planes de capital y dividendos de los bancos según las prácticas habituales de supervisión. Hasta esa fecha, ha subrayado el organismo, también sigue vigente la recomendación de "extrema moderación" en la remuneración variable de los banqueros, un punto que la institución "evaluará de cerca".
Presión internacional
En el seno del BCE ha habido división de opiniones sobre cómo actuar, pero se ha impuesto la opción de una recuperación limitada de los dividendos, sobre todo después de que el Banco de Inglaterra anunciase la semana pasada que iba a dejar a sus entidades pagar a sus accionistas hasta el 25% de su beneficio o el 0,2% de sus activos ponderados por riesgo. La Reserva Federal estadounidense limitó los pagos pero no los llegó a prohibir del todo y otros bancos centrales como los de Canadá y Australia han anunciado su intención de permitir a sus bancos retomarlos, con lo que las entidades del euro corrían el riesgo de verse discriminadas.
Por contra, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Comité de Basilea han abogado en las últimas semanas por mantener las restricciones. Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lleva tiempo advirtiendo a los bancos del país que, aunque se levante el veto tácito, su política de distribución de dividendos "deberá seguir siendo muy prudente".
Bancos españoles
Ahora está por ver si a los bancos españoles se les permite o no retribuir a sus accionistas. El sector es el que menos capital tiene de la banca europea, como volvió a quedar en evidencia el pasado viernes en el ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Las 12 entidades españolas bajo supervisión del BCE tienen amplios colchones de capital sobre los requisitos individualizados impuestos a cada uno, pero unos más que otros.
La lista la configuran Kutxabank (932 puntos básicos: 17,52% de capital frente a una exigencia del 8,2%), Unicaja (755), Bankia (641), Liberbank (590), CaixaBank (458), Abanca (455), Ibercaja (450), Bankinter (427), Cajamar (356), Sabadell (348), Santander (312) y BBVA (293, pero que ganará otros 300 cuando cierre la venta de su filial estadounidense). Ello no implica necesariamente que los primeros tengan más posibilidades de pagar dividendos que los últimos porque otros factores también juegan un papel fundamental: la capacidad de generar capital reteniendo beneficios, la de absorber el previsto incremento de la morosidad con los resultados, y el nivel de provisiones actual para afrontar futuras pérdidas por impagos y devaluaciones de activos.
Medida anticovid
Tras el estallido de la pandemia, los principales organismos supervisores del mundo aconsejaron (un eufemismo por razones legales) a las entidades que no remunerasen a sus propietarios para que tuvieran una parte mayor del beneficio disponible para reforzar su capital. Con ello buscan un doble objetivo: que los bancos puedan otorgar más créditos (la normativa obliga a reservar una cantidad de capital por cada préstamo concedido) y, sobre todo, que estén más preparados para el futuro incremento de los impagos y devaluaciones de activos que va a provocar la crisis del coronavirus (estas pérdidas se cargan contra capital una vez agotadas las provisiones).
Como efecto adverso, la iniciativa ha contribuido a hundir aún más las ya de por sí maltrechas cotizaciones bursátiles de los bancos, lo que ha provocado amargos lamentos por parte de sus gestores. En un sector ya penalizado por la escasa rentabilidad causada por los tipos de interés oficiales en mínimos históricos, la ausencia de dividendos ha espantado aún más a los inversores. Los banqueros han alertado de que ello puede provocar que no logren captar capital en el mercado si lo necesitan o se les ofrezca a un precio prohibitivo, con el consiguiente efecto negativo en la concesión de préstamos.
