La Comisión Europea continua su particular cruzada contra los gobiernos que permiten a grandes multinacionales esquivar el pago de impuestos y el último en llevarse la estocada de Bruselas es Bélgica, país que acoge la sede de las instituciones europeas y que deberá recuperar 700 millones de euros en impuestos no pagados por al menos 35 multinacionales. Los servicios de la competencia comunitarios consideran que el régimen belga que permite a estas compañías deducirse de la base del impuesto de sociedades hasta un 90% de los beneficios es “ilegal” y “contrario al derecho comunitario” porque falsea la competencia y sitúa en desventaja a los pequeños competidores que no son multinacionales.

“Hay muchas formas legales de que los países de la UE subvencionen la inversión y muchas buenas razones para invertir en la UE”, ahora bien, “si un país concede a algunas multinacionales beneficiosfiscales ilegales que les permiteneludir el pago de impuestossobre la mayor parte de sus beneficios reales eso perjudica la competencia y a los ciudadanos”, avisa la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager sin revelar el nombre de las compañías afectadas porque la tarea corresponde, sostiene, al gobierno de Bélgica. El único detalle dado a conocer es que el grueso de las multinacionales son europeas, que proceden de una amplia variedad de sectores y con un elemento en común: que producen bienes. Esto significa que serán también quienes tendrán que devolver el grueso de las ventajas fiscales de las que se beneficiaron entre el 2005 y el 2015. Entorno a 500 de los 700 millones.

El régimen de “beneficios extraordinarios” fue promocionado con el eslogan de “Solo en Bélgica” y empezó a aplicarse en el 2005. Según el impuesto de sociedades belga, las compañías tributan sobre la base de los beneficios realmente registrados por sus actividades en Bélgica. Sin embargo, este mecanismo permitía a determinados grupos empresariales multinacionales pagar “sustancialmente menos impuestos” al reducir su base impositiva por “presuntos beneficios extraordinarios” (que no tributan) derivados de la aplicación de acuerdos fiscales. Es decir, por el mero hecho de formar parte de un grupo debido a sinergias, economías de escala, reputación, redes de clientes y proveedores y acceso a nuevos mercados.

De acuerdo con los tax rulings de Bélgica, los beneficios reales registrados de una multinacional se comparan con los beneficiosmedios hipotéticos que habría obtenido una empresa independiente en una situación comparable. Esa diferencia es el supuesto “beneficio extraordinario” y la base impositiva de la multinacional se reduce proporcionalmente lo que en la práctica significa una rebaja de más del 50% y en algunos casos de hasta el 90%. Un esquema ilegal, según Bruselas, por dos razones: porque ofrece una ventaja preferente y selectiva y porque descuenta los beneficios de forma unilateral de la base imponible de una única compañía del grupo.

La Comisión también rechaza la justificación de que las reducciones eran necesarias para evitar la doble imposición porque Bélgica hizo ajustes de forma unilateral y las empresas no tienen que demostrar que existe o no doble imposición. “En vez de prevenir la doble imposición la realidad es que se produce una doble no imposición”, advierte Vestager que a preguntas de los periodistas sobre si todavía hay paraísos fiscales en la UE ironizaba: “Para mi un paraíso fiscal sería aquel en el que todos paguen sus impuestos, me temo que no es la situación”.

Bélgica no excluye recurrir la decisión

La Comisión Europea lanzó la investigación en febrero de 2015 cuando el régimen de ventajas fiscales ahora cuestionado contaba ya con una década de vida. Entonces la prensa belga reveló que entre las compañías afectadas estaban la cervecera AB InBev y British American Tobacco aunque ni Bruselas ni el gobierno belga han querido dar este lunes nombres. Lo que si ha dejado claro el ministro de finanzas de Bélgica, Johan Van Overtvelt, es que si Europa exige ahora recuperar 700 millones de euros en impuestos impagados “las consecuencias para las empresas afectadas serán muy importantes” y el proceso de recuperación muy complejo. “Haré todo lo que esté en mi mano para limitar al máximo el impacto en interés de la seguridad jurídica y de nuestro tejido económico”, advertía a través de una nota de prensa. Bélgica, de hecho, tampoco excluye de momento recurrir la decisión de la Comisión. “En este momento no excluimos ninguna opción así que no descartamos la posibilidad de recurrir la decisión. Seguiremos en estrecho contacto con las autoridades europeas competentes en los próximos días y semanas”, añade. Las autoridades belgas han querido recordar que el país suspendió este mecanismo ventajoso para las multinacionales tras las primeras señales de investigación y que desde entonces no han cerrado ningún acuerdo de este tipo.

Precedentes y casos pendientes

'CASO LUXLEAKS': La investigación y la decisión entorno a Bélgica no tiene ninguna relación con el caso Luxleaks, destapado a finales de 2014, pero es un paso más dentro de la ofensiva que la Comisión mantiene abierta contra la ingeniería fiscal y los acuerdos ofrecidos por los gobiernos europeos a cientos de multinacionales para instalarse en sus respectivos territorios a cambio de minimizar el pago de impuestos y de una factura fiscal inexistente en muchos casos. Hasta ahora, la Comisión Europea solo había tumbado dos acuerdos fiscales.

FIAT: El primero acuerdo fiscal anulado fue el suscrito entre la entidad financiera del grupo automovilístico Fiat y Luxemburgo, y, el segundo, entre el gigante de las cafeterías estadounidense Starbucks y Holanda. Ambas empresas, según la decisión adoptada a finales de 2015, tendrán que devolver entre 20 y 30 millones cada una por ventajas ilegales.

APPLE: Además, los servicios de la competencia comunitarios mantienen abiertas otras investigaciones -sobre Irlanda por su trato a Apple y sobre Luxemburgo por sus pactos con McDonalds y Amazon- y han pedido información sobre las decisiones fiscales anticipadas suscritas por buena parte de los Estados miembros. "Seguimos examinando sistemas fiscales anticipados para ver si cumplen las reglas. Adoptaremos decisiones llegado el momento", avisa Vestager