El presidente del Banco Santander Central Hispano (SCH), Emilio Botín, desvinculó ayer los 43,7 millones de euros (unos 7.271 millones de pesetas) que cobró el excopresidente del banco, José María Amusátegui, de los contratos de fusión de esos bancos. Ambos explicaron a la juez Teresa Palacios que ese dinero fue "un premio" por los servicios prestados por Amusátegui en el Banco Central Hispano desde el año 1985.
Botín y Amusátegui declararon en calidad de querellados por un presunto delito societario. Ambos recordaron que la fusión de esas entidades se llevó a cabo en enero de 1999 y confirmaron que en esa fecha se firmó un contrato adicional sobre la jubilación del excopresidente de la entidad que estaba prevista para marzo del 2002. Por ello, aseguraron que los 43,7 millones no tenían relación con la salida anticipada de Amusátegui en agosto del 2001, como sostiene el acusador, Juan Francisco Franco.
PLUSVALIAS
Fuentes próximas a Botín explicaron que ese dinero era un "bonus" por los beneficios que Amusátegui había generado al banco. Y detalló que el excopresidente logró unas plusvalías de 4.800 millones de euros (800.000 millones de pesetas) en la operación de Airtel. En el contrato adicional se negociaron las condiciones de jubilación de Amusátegui que incluían un pago anual de 5 millones de euros, el 70% de la retribución de un consejero de su categoría (que se sitúa en torno a los 2,40 millones), un plan de opciones sobre acciones, un despacho, dos secretarias, el coste de las medidas de seguridad y la presidencia de la fundación. Esas cantidades se cobrarían también por invalidez, cese o defunción, en cuyo caso las recibirían las viudas de Amusátegui.
SIN OBJECIONES
Los querellados sostuvieron que esas cantidades no debían ser aprobadas por la junta de accionistas, sino sólo por el consejo de administración, que "no puso objeciones" en las cuatro ocasiones que las revisó. Además, indicaron que el Banco de España tampoco las cuestionó.
El actual presidente del SCH también admitió que otros consejeros del Central Hispano, como Angel Corcóstegui, habían suscrito ese tipo de contratos adicionales. Negó que él hubiera pactado algo similar, ya que en el contrato de fusión no se tenía que resolver su jubilación.
Los querellados justificaron que los 43,7 millones figuraran escritos a mano "por razones de intimidad", para que no lo vieran las personas que mecanografiaron el texto. El acusador particular cambió sobre la marcha sus argumentos sobre la ilegalidad del pago y señaló que la misma era constitutiva de un delito societario porque esas cantidades no figuraban en el contrato de fusión cuando la ley obliga a incluir las ventajas obtenidas por los administradores.
