La Comisión Europea acusó ayer a España de ser prácticamente el peor país de la Unión Europea (UE) en materia de apertura del mercado del gas y la electricidad, en una nueva fase de la campaña de acoso al Gobierno español por oponerse a los intereses de Alemania y a la compra de Endesa por E.ON.
El comisario de Energía, Andris Piebalgs, afirmó en una conferencia de prensa que en relación con los problemas de España en la liberalización del mercado del gas y la electricidad "es más fácil decir cuál no es el problema". Piebalgs ocultó que, a diferencia de otros países, ambos mercados están liberalizados en España y sólo reconoció al Gobierno el mérito de promover las energías renovables.
Piebalgs, por el contrario, efectuó una crítica pública extremadamente moderada a Francia e Italia, donde el mercado está dominado por los antiguos monopolios públicos y con un mayor número de problemas enumerados en los documentos del Ejecutivo comunitario que España.
EXPEDIENTES A 17 PAISES La Comisión Europea decidió ayer abrir expedientes a 17 países por no aplicar correctamente a nivel nacional las disposiciones de las directivas europeas de liberalización de los mercados de gas y electricidad, que fijan la liberalización total como muy tarde a partir del 1 de julio del 2007. Los países que recibirán la carta de advertencia formal, primera fase del procedimiento legal de infracción del derecho comunitario, son: España, Austria, Bélgica, República Checa, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, Suecia, Eslovaquia y el Reino Unido.
Sólo Dinamarca y Holanda cumplen las directivas europeas a satisfacción del Ejecutivo comunitario. La legislación de Hungría, Portugal, Eslovenia y Chipre aún están siendo analizadas por la Comisión. Luxemburgo está denunciada ante el Tribunal de Justicia por no haber notificado el traslado a su legislación de esas directivas y Malta dispone de una derogación.
La apertura del nuevo expediente a España resulta redundante, porque la Comisión ya le denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE el 6 de julio del 2005 por no haber notificado el traslado a la legislación nacional de las directivas de liberalización de gas y la electricidad, que el país aplicó de forma anticipada. Ahora, el Ejecutivo comunitario reprocha a España la mala aplicación de esa liberalización del gas y la electricidad.
SEPARACION INSUFICIENTE En la documentación facilitada por el Ejecutivo comunitario se reprocha en concreto a España "la existencia de precios regulados en el mercado eléctrico que bloquean la entrada de nuevos suministradores" y la "insuficiente separación funcional y contable" en los operadores de las actividades de transmisión y distribución del gas.
Piebalgs, que intentó que la Comisión Europea controlara la oferta de compra (OPA) de Gas Natural sobre Endesa, insistió en que ha recibido "muchísimas quejas" contra España, en especial por mantener tarifas reguladas y por las trabas al acceso a las redes de gas.
