España saldrá después de 10 años del procedimiento por déficit excesivo y se librará de la estricta supervisión que impone la Comisión Europea a los países que se desvían de los objetivos pactados con la UE. El mismo día en el que Bruselas inició un proceso sancionador a Italia y lanzó advertencias a Francia, Bélgica y Chipre, el colegio de comisarios formalizó la decisión de aligerar los controles a España, que deberán refrendar ahora los ministros de economía y finanzas de la UE, previsiblemente en la reunión del 13 y 14 de junio en Luxemburgo.
No todo son buenas noticias. Según el nuevo análisis del Ejecutivo comunitario, España deberá realizar en el 2020 un ajuste presupuestario del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.200 millones de euros; y acelerar la reducción de la deuda pública.
La decisión, que llega acompañada de una nueva batería de recomendaciones en política económica, era esperada desde que Eurostat certificó el pasado 23 de abril que España cerró 2018 con un agujero en las cuentas públicas del 2,5%, tres décimas por encima del objetivo acordado con la UE para el año pasado, pero aún así por debajo del 3% que fija como límite el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Además, según Bruselas, España seguirá rebajando el desfase: al 2,3% en el 2019 y al 2% en el 2020.
BRAZO PREVENTIVO / Pasar página al procedimiento por déficit excesivo no significa, sin embargo, que se hayan terminado los problemas. España pasará del brazo correctivo al preventivo y esto significa que la Comisión Europea dejará de mirar con lupa el ajuste nominal para fijarse en el cumplimiento del déficit estructural. Bruselas ya advirtió, cuando presentó sus últimas previsiones económicas a principios de mayo, del elevado desajuste en este terreno, que seguirá deteriorándose y obligará al Gobierno de Pedro Sánchez a dejar de fiarlo todo a la buena marcha de la economía y a realizar nuevos recortes de gastos o a subir los ingresos.
El nuevo documento avisa de que «si no se producen cambios en las políticas existe el riesgo significativo de desviación con respecto al ajuste presupuestario requerido en el 2020»» y reclama que el gasto primario no supere el 0,9% en el 2020 lo que corresponde a un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a 8.200 millones.
El documento también alerta de que España no cumplirá con el objetivo de reducción de deuda, ni en el 2019 ni en el 2020, y reclama al Gobierno que adopte, para lo que queda del 2019, «las medidas necesarias» para cumplir con el pacto y utilice los posibles ingresos extraordinarios para seguir reduciendo la deuda de las administraciones públicas».
A los técnicos comunitarios no les salen las cuentas con el nuevo presupuesto español y dudan especialmente de las previsiones de recaudación a través de las nuevas vías de ingresos propuestas -tasa digital, tasa a las transacciones financieras, etcétera- que consideran excesivamente optimistas. «Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios afectan sobre todo a los ingresos ya que la incertidumbre respecto a la recaudación o a las posibilidades de adopción de muchas de las medidas de obtención de ingresos es considerable», avisan.
MEDIDAS COMPENSATORIAS / Entre los elementos más preocupantes también figuran las pensiones o el empleo. Bruselas vuelve a reiterar que el hecho de que la revalorización siga vinculada a la inflación y que se haya aplazado el factor de sostenibilidad hará necesario adoptar «medidas compensatorias» para garantizar la sostenibilidad a medio y lago plazo.
Y reclama medidas para favorecer la transición hacia contratos indefinidos mediante la «simplificación del sistema de incentivos a la contratación». En el ámbito social también apuesta por mejorar el apoyo a las familias, resolver las deficiencias y las disparidades regionales en la cobertura del sistema nacional de asistencia al desempleo, reducir el abandono escolar prematuro y aplicar plenamente la ley
Fue el 18 de febrero de 2009, con Zapatero en la Moncloa y Almunia como comisario de asuntos económicos, cuando el Ejecutivo lanzó el expediente sancionador contra España. Un proceso del que ha costado una década larga salir tras dispararse el agujero de las cuentas públicas por encima del 11% en 2009. En estos 10 años las autoridades españolas han recibido cuatro prórrogas para reducir el agujero presupuestario hasta niveles aceptables, la primera durante el mandato de Rodríguez Zapatero, de un año, y las tres posteriores con el popular Mariano Rajoy en la Moncloa, primero hasta 2014, después hasta 2016 y por último hasta 2018.
El líder del PP y su ministro de Economía, Luis de Guindos, tuvieron que hacer frente, además, a la petición de un rescate bancario de 41.000 millones, de los cuales quedan más de 23.000 millones por devolver, y una amenaza de multa de 2.000 millones por no hacer los ajustes solicitados que finalmente tampoco llegó a concretarse. «Ha sido un camino duro, como en otros países, y España tiene que seguir trabajando para que sus cuentas públicas estén en orden, pero a partir de este año estará en el brazo preventivo», destacó el vicepresidente económico, Valdis Domvrovskis. «Quiero felicitar a España por los esfuerzos hechos. quedan problemas, sobre todo a nivel de desempleo, pero esto pone punto final a un camino largo», añadió el comisario Pierre Moscovici.
