La Comisión Europea calificó ayer de "ilegales" las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) al grupo italiano Enel y a Acciona para poder adquirir la compañía eléctrica española Endesa. El Ejecutivo comunitario dio al Gobierno 30 días para presentar sus alegaciones antes de adoptar una decisión definitiva anulando los requisitos del regulador español, porque en su opinión vulneran los principios de libertad de movimiento de capitales y bienes y de libertad de establecimiento.
La Comisión Europea, como ya ocurrió con las condiciones impuestas al grupo alemán E.ON en su frustrada operación de compra de Endesa, estima que el Gobierno carece de competencia para imponer esos requisitos, porque la competencia exclusiva en la materia recae sobre la propia Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario, en una interpretación muy restrictiva del artículo 21 del reglamento europeo de fusiones empresariales, rechaza que el Gobierno español pueda ampararse en las razones de seguridad pública previstas en el citado reglamento para imponer esas condiciones destinadas a garantizar la seguridad del suministro energético del país.
La única condición de la CNE que acepta la Comisión Europea es la obligación de garantizar el suministro de energía en caso de emergencia. Las otras 11 condiciones impuestas a Enel y Acciona son desproporcionadas y vulneran la libre circulación de capitales, la libertad de establecimiento y la libre circulación de mercancías, garantizadas por los artículos 56, 43, 28 y 29 del Tratado de la UE, destacó el portavoz de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes.
Las condiciones más polémicas son la capacidad de la CNE de revocar la autorización de la compra de Endesa, la obligación de Enel de informar al regulador español de su estrategia y la capacidad de la CNE de revocar decisiones de Endesa que puedan perjudicar a España.
