La Comisión Europea no abrirá finalmente ningún procedimiento sancionador contra Italia por su elevada deuda pública, que supera el 132% del PIB. El comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici, ha anunciado que un expediente no está justificado y que las recientes medidas aprobadas por el Gobierno italiano un paquete por valor de 7.600 millones de euros- serán suficientes para que Roma respete este año las reglas en materia fiscal.
Si se sanciona se estigmatiza a un Estado miembro o un gobierno y eso no es bueno para nadie. Por eso me he basado más en el dialogo y en los incentivos para que las medidas se apliquen. Es el enfoque que ha seguido la Comisión Europea. No hemos sancionado en este mandato porque a través del dialogo hemos conseguido que se haga lo necesario para que se cumplan las normas, ha justificado el francés.
La decisión se produce un mes después de que Bruselas diera los primeros pasos para sancionar al Gobierno italiano y se intensificaran los contactos entre Bruselas y Roma para evitar el expediente. El pasado 1 de julio este proceso desembocaba en la adopción por parte de Italia de un paquete de medidas correctoras del presupuesto de 2019 por valor de 7.600 millones o el 0.42% del PIB. Este paquete permitirá al Gobierno, según ha explicado Moscovici, alcanzar un déficit del 2,04% en vez del 2,5% pronosticado en las últimas previsiones económicas de primavera.
IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO
Es más, el esfuerzo fiscal adicional previsto permitirá al Ejecutivo italiano compensar en 2019 parte del deterioro estructural del año pasado. Esto significa que Italia cumplirá con los esfuerzos requeridos en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Estoy satisfecho que a través del dialogo hayamos llegado a un nivel suficiente de correcciones que nos permite decir que ese procedimiento no hace falta. Se ha podido evitar gracias al dialogo, ha recalcado Moscovici.
La vigilancia de las cuentas italianas, sin embargo, se mantendrá y la Comisión Europea seguirá de cerca la preparación del proyecto de presupuesto de 2020 que todos los gobiernos deben remitir a Bruselas antes del 15 de octubre. Evaluarlo será una de las últimas tareas que hará el actual colegio de comisarios cuyo mandato expirará el próximo 31 de octubre.
