La Comisión Europea dio ayer al Gobierno español tres meses de plazo para que pacte con los sindicatos una solución para los astilleros públicos del Grupo Izar, tras reunirse con el presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, y con los propios representantes de los sindicatos.
El comisario de Competencia, Mario Monti, avaló como única solución viable el plan gubernamental, que supone segregar los astilleros militares para asegurar su supervivencia y vender el resto de su actividad al sector privado. Monti autorizó que la nueva empresa pueda realizar actividades civiles hasta un máximo del 20% de su facturación.
Además, el comisario se comprometió a retrasar hasta final de año la notificación formal de la exigencia de devolución de las ayudas públicas ilegales, otorgadas por el anterior Gobierno del PP.
