La ley española de contratos públicos "no respeta los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia" exigidos por la legislación comunitaria, según denunció ayer la Comisión Europea. Esas deficiencias pueden favorecer los casos de corrupción y encarecer el coste final de las obras públicas o los servicios a los ciudadanos.
Ante la negativa del Gobierno español a corregir su legislación sobre la materia --a pesar de los dos requerimientos formales enviados por el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy--, el Ejecutivo comunitario ha decidido presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por violación del derecho comunitario.
Las quejas de la Comisión Europea se centran en el régimen de modificación de los contratos públicos tras su adjudicación, establecido en la ley española de contratación pública del 2007. Las disposiciones de la ley española dan a la Administración o a los órganos de contratación pública "amplios poderes para modificar las cláusulas fundamentales de los contratos públicos después de su adjudicación, sin que las condiciones de modificación se hayan establecido en los documentos contractuales de manera clara, precisa e inequívoca", precisó el portavoz del comisario McCreevy.
La Comisión Europea considera también que la ley española permite a la Administración o a las empresas públicas adjudicatarias recurrir a "la utilización de procedimientos negociados" sin su preceptiva publicación en lo que respecta a la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de suministros adicionales. Ambas cuestiones suponen una violación de los artículos 2 y 31 y de la directiva europea sobre contratos públicos del 2004. Esas irregularidades suponen también el incumplimiento de los principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia, garantizados en los artículos 12, 43 y 49 del Tratado de la UE.
La contratación pública en la Unión Europea (UE) representa alrededor del 16% del PIB europeo y de la mayoría de países, lo que constituye una cifra de negocio enorme que puede favorecer la aparición de abusos y fraudes si no se respetan una serie de salvaguardias, según subraya la Comisión Europea.
