La Comisión Europea ha enviado una primera advertencia formal al Gobierno español para que obligue a modificar las leyes catalanas sobre grandes superficies de distribución, porque vulneran el principio de libertad de establecimiento garantizado por el Tratado de la Unión Europea (UE), según confirmaron ayer fuentes comunitarias de alto nivel.
La actuación contra la legislación de la Generalitat catalana ha sido impulsada por el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, a raíz de la denuncia presentada en febrero del 2003 por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). Aunque se trate de competencias autonómicas, la actuación de la Comisión Europea siempre se dirige contra el gobierno del estado miembro, que es el único interlocutor formal ante la UE.
El Gobierno español tiene un plazo teórico de dos meses para responder a esta primera carta de emplazamiento de la Comisión Europea.
