La Comisión Europea (CE) abrió hoy un procedimiento de infracción contra siete países europeos, entre ellos España, por no informar adecuadamente a Bruselas sobre sus capturas de atún rojo, señaló en un comunicado. El Ejecutivo comunitario ha enviado cartas de emplazamiento a los siete Estados miembros que pescan atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo -España, Francia, Chipre, Grecia, Italia, Malta y Portugal- a las que deben responder en el plazo de un mes. Bruselas considera que estos países no han cumplido con su obligación de enviar a la CE la documentación sobre las capturas en los plazos establecidos, mecanismo que permite al Ejecutivo comunitario controlar la utilización de las cuotas de pesca en tiempo real y luchar contra la pesca ilegal.
En los casos de Italia y Francia, el procedimiento de infracción está motivado también por las deficiencias de sus controles sobre la pesca de esta especie. Bruselas cerró la semana pasada anticipadamente la temporada anual de pesca de atún rojo al considerar que la cuota general de capturas asignada a la flota comunitaria había sido superada.
La decisión no se basó sólo en las cifras notificadas por los Estados miembros, sino en el cálculo sobre los niveles reales de pesca que el Ejecutivo comunitario realizó a partir de sus propias inspecciones y proyecciones. Entonces, la CE ya advirtió de que tomaría medidas para corregir "problemas y retrasos" en la notificación de los datos de cada flota.
La importancia de no esquilmar
En su nota, el Ejecutivo comunitario recordó hoy que las poblaciones de atún rojo están diezmadas tras años de sobre-pesca y que por ello es "esencial" que el plan internacional de recuperación acordado el pasado año se aplique de forma "urgente y plena por todas las partes interesadas". La pesca del atún rojo, una especie migratoria, se gestiona a través de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), que aprobó el pasado noviembre un plan de 15 años para recuperar la población oriental de atún rojo.
Para 2007, este organismo asignó a la UE una cuota de 16.779 toneladas (sobre un total de 29.500) repartida entre los siguientes Estados: España (5.568 toneladas), Francia (5.494), Italia (4.336), Portugal (524), Malta (355), Grecia (287) y Chipre (155). Los países europeos deben informar a la CE de sus capturas -obligación que Bruselas considera que ninguno ha cumplido correctamente-, y además controlar y supervisar todas las actividades relacionadas con esta pesca -capítulo por el que el Ejecutivo comunitario ha expedientado a Francia y a Italia-.
La intención de Bruselas es resolver los "problemas" detectados este año de cara a la campaña de pesca de 2008. La CE indicó además que tratará de garantizar que todo Estado miembro que resulte penalizado por el cierre prematuro de la pesca en 2007 sea compensado en cuotas futuras, mientras que la sobre-pesca se deducirá de las posibilidades de pesca de cada país y también podrá imponerse sanciones.
Esta temporada, sólo dos países europeos admitieron haber superado sus límites: Italia, que cerró voluntariamente su temporada de pesca en julio, y Francia, que lo hizo en agosto.
