Los recientes atentados de París y Bruselas han puesto en evidencia la desconfianza que sigue existiendo entre los servicios de inteligencia y las policías de los Estados miembros. Sin embargo, la Unión Europea ya dispone de varias bases de datos para intercambiar información sensible e importante en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Una de ellas es el conocido como marco de Prüm, que permite a los estados miembros acceder a información sobre ADN, huellas dactilares y las bases de datos nacionales sobre vehículos matriculados. Cinco países, entre ellos Grecia e Italia, siguen sin garantizar un intercambio.
Las decisiones de Prüm deberían haber sido aplicadas plenamente para agosto del 2011. Cinco años después, cinco estados miembros siguen sin hacer los deberes: Croacia, Irlanda, Portugal, Greciae Italia. “Estos estados miembros todavía no han garantizado el intercambio automatizado de datos en al menos dos de las tres categorías (ADN, huellas dactilares y matriculación de vehículos)”, advierte la Comisión Europea, que ha decidido abrir este jueves un procedimiento de infracción -los países tienen dos meses para responder- por no aplicar una de las medidas que forman parte de la agenda de seguridad europea.
MERCADO NEGRO DE ARMAS
Otra de las medidas clave para reforzar la seguridad y hacer frente al mercado negro de armas es el control adecuado de los precursores que se utilizan para fabricar explosivos. El reglamento que regula la comercialización y la utilización de los mismos data de septiembre del 2014, pero hay cuatro países que siguen sin cumplir y trasponer de forma correcta la medida: Chipre, Francia,Luxemburgo y España. Igual que en el caso anterior, las autoridades tienen ahora dos meses de plazo para convencer a Bruselas de que van por el buen camino.
La lista de infracciones aprobada este jueves por el Ejecutivo comunitario también incluye un ultimátum a España por no haber traspuesto a la legislación interna la directiva de retorno de nacionales de terceros países. Entre los problemas identificados: la defición sobre el retorno, el papel del defensor del pueblo y la obligación de adoptar decisiones de retorno de ciudadanos de terceros países en situación irregular. Si las explicaciones no convencen, Bruselas podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
