La exención del IVA transfronterizo en la UE tiene los días contados. La brecha entre lo que las Haciendas europeas recaudan y lo que deberían ingresar a cuenta del IVA es de 150.000 millones de euros, según la última estimación de Bruselas, y solo por el fraude transfronterizo se pierden 50.000 millones, a razón de 100 euros por habitante. Para hacer frente a esta sangría millonaria, la Comisión Europea propone ahora reformar y simplicar el sistema creando una ventanilla única para el comercio transfronterizo y eliminando la exención de la que disfrutan las ventas entre países.

"Las finanzas de nuestros estados miembros siguen bajo presión, la barbarie terrorista golpea regularmente a nuestro continente" y "no podemos ver cómo miles de millones de euros desaparecen sin hacer nada", se justifica el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici. El sistema actual, fragmentado y complejo, ha cumplido 24 años de vida -fueron aprobadas en 1993 con carácter transitorio- y en Bruselas defienden que ha llegado la hora de dotarse de más "simples, robustas y sobre todo resistentes al fraude", añade.

El IVA es una de las principales fuentes de ingresos que tienen los estados miembros y en 2015 los gobiernos recaudaron un montante equivalente al 7% del PIB europeo. Bruselas considera que con sus medidas reducirá el fraude en un 80% y ayudará a recuperar 41.000 millones de euros. Actualmente, el gravamen se aplica a las ventas de bienes en el mismo país. Esto significa que las compañías están incentivadas para cobrar al consumidor final o a otra empresa el impuesto, que luego pueden deducirse, pero no ocurre lo mismo con las ventas transfronterizas ya que están exentas de IVA en el seno del mercado único.

Un fraude carrusel

Hay empresas que pueden comprar productos en otros estados miembros -sin pagar IVA- y después venderlos en su propio país a otras empresas repercutiendo el impuesto. La empresa que compra ese producto y tras venderlo desaparece y como consecuencia nadie paga de manera efectiva ese IVA (que además varía entre estados). Esa exención del IVA intracomunitario es vía de escape que promueve el fraude y el uso de ingeniería fiscal (o de constitución y cierre de empresas) para maquillar la situación sin que las haciendas de los estados miembros puedan hacer nada para impedirlo. Para evitar este carrusel, la Comisión propone crear una ventanilla única de forma que el IVA sea declarado y pagado por el vendedor a través de este mecanismo según las reglas del país de origen. A partir de aquí, las autoridades de cada Estado miembro serán las encargadas de transferir directamente el IVA a los demás estados miembros como ocurre con los servicios 'on line'.

Es decir, la reforma consagra el principio de destino de forma que el montante se abone al Estado miembro del consumidor final al tipo vigente en dicho Estado miembro. La propuesta de Bruselas también prevé una simplificación de las reglas de facturación de forma que los vendedores puedan emitir facturas de acuerdo con la normativa de su propio país de origen aunque realicen operaciones transfronterizas. Bruselas, que lleva años reclamando una reforma del sistema, aspira a que su plan que deberá recabar la unanimidad de los 28 para salir adelante pueda empezar a aplicarse en el 2019.