La Comisión Europea acordó ayer denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por los poderes reforzados atribuidos a la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que considera "ilegales e incompatibles con el derecho comunitario".
La medida fue adoptada a iniciativa del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, tras desestimar los argumentos formulados por el Gobierno español en defensa del decreto-ley del 24 de febrero del 2006 que amplió las competencias de la CNE, tras el anuncio del grupo alemán E.ON de intentar comprar la compañía eléctrica Endesa.
El Ejecutivo comunitario estima que esos poderes reforzados constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento, derechos garantizados por el Tratado de la UE (artículos 56 y 43). Por ese motivo, abrió expediente contra España el 3 de mayo del 2006 y envió un ultimátum en septiembre.
La Comisión Europea rechaza que la adquisición de participaciones superiores al 10% del capital de las empresas de gas y electricidad en España tengan que someterse a la autorización previa de la CNE. McCreevy argumenta que ese procedimiento "puede ser disuasorio para las inversiones procedentes de otros estados miembros".
