La ofensiva arrancó en septiembre pasado y tendrá su punto de inflexión el próximo 21 de marzo cuando la Comisión Europea mueva ficha y desvele sus planes definitivos para gravar a los gigantes de internet allí donde crean valor. La propuesta legislativa sobre la que trabaja el Ejecutivo comunitario plantea una vía de acción urgente: un impuesto temporal a los ingresos de las grandes compañías como Google, Twitter, Instagram o Facebook.

La “solución ideal”, reconoce Bruselas en un texto susceptible todavía de ser modificado, sería impulsar una estrategia global. Pero reformar las reglas a nivel internacional requeriría demasiado tiempo y “hay una presión política elevada de los Estados miembros para adoptar medidas con un alcance más dirigido”, avisa el Ejecutivo. Es el caso de Francia que lleva meses liderando a una docena de países, entre ellos España o Alemania, con el objetivo de adoptar medidas “urgentes” para adaptarse a la era de la digitalización y evitar que se repitan nuevos casos como el de Apple, que según Bruselas, habría dejado de pagar 13.000 millones de euros en impuestos en Irlanda.

“Hay una brecha entre donde se generan las ganancias digitales y donde se gravan”, insistía hace unos días el comisario de asuntos económicos, Pierre Moscovici durante un foro digital. La Comisión Europea defiende que se trata de una cuestión “de justicia” porque, de media, los modelos de negocio digitalizados están sujetos a una tasa de imposición efectiva del 9%, menos de la mitad de la que pagan los negocios tradicionales que supera el 20%.

Una tasa temporal

El documento de la Comisión plantea la idea de establecer una tasa con una horquilla que oscilaría entre el 1 y el 5% de los ingresos brutos de las sociedades que desarrollen actividades digitales -que utilizan datos de los usuarios para generar valor- con un volumen de negocio mundial consolidado superior a los 750 millones de euros y de más de 10 millones en la UE. La horquilla prevista es ligeramente inferior a la sugerida por el ministro francés de economía, Bruno Le Maire, de entre un 2 y un 6%.

La tasa, una medida de carácter temporal para cubrir las situaciones de grandes desajustes, obligará a las empresas a notificar el lugar donde obtienen los ingresos de forma que las haciendas de los distintos Estados miembros puedan calcular cuantos impuestos debe abonar en su jurisdicción. En el caso del impuesto a los ingresos por publicidad de las grandes compañías de internet se llevaría a cabo en el país donde se muestra la publicidad y en el que los usuarios que han suministrado los datos vendidos viven. “Esto requerirá algún tipo de distribución de ingresos entre jurisdicciones en base a estadísticas geográficas sobre usuarios”, señala la Comisión sobre una tasa que se aplicará a empresas como Google pero también a Airbnb. Quedarían excluidos servicios de contenidos como Netflix.

Establecimiento virtual permanente

En paralelo a esta medida temporal, la Comisión Europea planteará una solución más a largo plazo con vistas a modificar la nueva base común consolidada para el impuesto de sociedades (CCCTB en sus siglas en inglés), con el objetivo de introducir el concepto de establecimiento permanente virtual bajo un principio inamovible: los impuestos se pagan donde se genera valor.

“La reforma integral es la opción preferida de la Comisión y nos centraremos en impulsar esto como la respuesta para asegurar que la economía digital sea gravada de manera justa y efectiva, restableciendo el equilibrio entre las empresas digitales y las tradicionales”, explican desde la Comisión. Para que la propuesta sea realidad tendrá que ser aprobada por unanimidad en el Consejo, algo siempre complicado en temas de fiscalidad.

De momento, quien ya ha hecho los deberes en este terreno es el Parlamento Europeo que este próximo jueves se pronunciará en pleno sobre una serie de cambios legislativos destinados a combatir la evasión fiscal. Las propuestas incluyen por primera el uso de datos digitales para calcular los impuestos a abonar por empresas sin establecimiento permanente en un Estado miembro.

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Nuevo repaso a la lista negra de paraísos fiscales

Nació a principios de diciembre con 17 países en su seno. Dos meses después los ministros de economía y finanzas de la UE (Ecofin) decidieron reducirla a 9 y este martes los 28 volverán a darle un nuevo golpe de gracia desinflando la lista de negra de paraísos fiscales todavía un poco más. Los próximos territorios en salir de la misma serán Bahrein, las Islas Marshall y Santa Lucía. Paralelamente, sin embargo, entran tres nuevos territorios que no han cumplido a tiempo con su compromiso de adoptar medidas para luchar contra la evasión de impuestos y el blanqueo de dinero lo que significa que el listado se mantendrá con nueve.

Son, según un documento consultado por El Periodico, Saint-Kitts-Nevis, Bahamas y las Islas Vírgenes Americanas, afectados el año pasado por catástrofes naturales y que disponían de plazo extra hasta este mes de febrero para comprometerse con las nuevas prácticas. Según la revisión mensual que realizan los miembros del grupo del código de conducta, ninguno de estos tres territorios se ha comprometido a eliminar para finales de 2018 los problemas identificados. De los tres, el que más problemas presenta es el de las Islas vírgenes americanas que no se ha comprometido a facilitar un intercambio automático de información financiera, tiene un régimen fiscal preferencial dañino que no ha prometido abolir ni aplica los estándares mínimos previstos a nivel internacional.