España ya ha adaptado sus leyes de comercio a la directiva de servicios europea, pero la justicia es lenta y la Comisión Europea solicitó ayer al Tribunal de Justicia de la UE que declare a España culpable por las antiguas leyes estatales que regulaban la apertura de grandes superficies comerciales.
El Tribunal comunitario celebró ayer la vista de un recurso presentado por Bruselas en el 2008. La Comisión Europea defendió que las leyes españolas y catalanas (ordenación del comercio minorista --1996--, ya derogada) "restringen injustificadamente" la libertad de emplazamiento de "determinados tipos de superficies comerciales de gran tamaño", y alegó que la legislación impugnada es "discriminatoria" por exigir requisitos administrativos y licencias adicionales a las grandes superficies pero no a las tiendas o súper "medianos".
Por su parte, España solicitó que desestimen el recurso porque "las leyes no son discriminatorias", y esgrimió que la normativa impugnada está justificada por "razones de interés general".
