El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha ordenado retirar la propuesta de ordenación sobre el roaming presentada el pasado lunes y ha pedido elaborar una nuevapropuesta de ley.
Así lo ha confirmado la propia Comisión Europea, que en una nota en la página web del Mercado Únido Digital afirma que "por instrucciones del presidente Juncker, retiran el proyecto y trabajan en una nueva versión".
La propuesta de la Unión Europea, que lleva años batallando para eliminar el roaming, finalmente planteaba que los operadores de telefonía móvil pudiesen reducir a 90 días la exención del recargo por las comunicaciones en itinerancia (o 'roaming'), como medida de prevención contra posibles abusos de los clientes.
De este modo, los usuarios más viajeros se podían encontrar que pasados los 90 días, tuvieran que hacer frente a tarifas más altas que las de su país nuevamente, una propuesta que fue criticada al considerarse que esta letra pequeña iba en contra de los mensajes de la Comisión Europea, que ha ido reduciendo el coste de las llamadas, mensajes e interent en el extranjero durante los últimos años y cuyo sobrecoste debe desaparecer en el 2017
"NO ES SUFICIENTEMENTE BUENA"
"Era una propuesta técnica que el presidente estima que no es suficientemente buena y que requiere trabajar sobre algo mejor", ha confirmado en una rueda de prensa el portavoz comunitario, Alexander Winterstein.
Los servicios comunitarios trabajarán ahora en una iniciativa para la que no hay fecha, pero que se espera que sea presentada "pronto".
Según el portavoz, el jefe del Ejecutivo comunitario no había supervisado la propuesta antes de ser presentada, porque se trataba de una cuestión técnica.
En cualquier caso, la Comisión sostiene que los recargos por 'roaming' van a "desaparecer plenamente" en junio de 2017 y que "nada va a cambiar a este respecto".
Aunque insiste en que deben definirse medidas para evitar que el servicio de 'roaming' gratuito sea utilizado por otras razones que las de viajes ocasionales a otros Estados miembros, que el nuevo reglamento define como el "uso justo".
Bruselas apostó por establecer un límite de 90 días basándose en la estimación de que cada europeo viaja una media de doce días al año a otros países de la UE, por lo que considera que el periodo cubría sobradamente las necesidades de los usuarios.
Además, los servicios de la Comisión han insistido en que los 90 días era un tope fijado a las compañías, sino un mínimo exigido, por lo que no impedía a las operadoras seguir ofreciendo tarifas o abonos más ventajosos.
