La Comisión Europea suavizó ayer su controvertido proyecto de reforma de la Política Agraria Común (PAC). El inicio del recorte de las ayudas directas se retrasa del 2004 hasta el 2007 y es más suave que el planteado en julio por el comisario de Agricultura del Ejecutivo europeo, Franz Fischler. La propuesta mantiene, sin embargo, la idea de desvincular las subvenciones de la producción real de los agricultores, que ha recibido duras críticas en España y Francia.

El importe total de las ayudas directas se reducirá a partir del 2007 en un 1%. El porcentaje crecerá progresivamente en función del tamaño de las explotaciones. La propuesta revisada concentra la mayor reducción de ayudas en las grandes explotaciones.

Los pequeños agricultores que reciben 5.000 euros (831.930 pesetas) anuales no se verán afectados. Las explotaciones medianas

(entre 5.001 y 50.000 euros de ayudas anuales) sufrirán un recorte acumulado en el 2013 del 12,5%, mientras que para las explotaciones, con más de 50.000 euros de ayudas anuales (8,3 millones de pesetas), la rebaja acumulada será del 19% en el 2013.

Una parte del ahorro obtenido con la reducción de las ayudas se destinará a financiar el desarrollo rural. Los fondos, que alcanzarán los 1.480 millones de euros en el 2012, se distribuirán entre los países en función de su superficie agraria, su empleo rural y su nivel de renta. España será uno de los principales beneficiarios.

El proyecto incluye también reducciones de los precios garantizados a partir del 2004 en los cereales, el arroz y los lácteos, que se compensan con un incremento de las subvenciones. El plan establece un pago anual de 100 euros por hectárea para el sector de frutos secos, muy inferior al actual. Los estados podrán complementarlo con otros 109 euros.

DESVINCULACION

Fischler destacó que el punto central de la nueva reforma agraria europea es la desvinculación entre la producción real y las ayudas comunitarias. Los pagos directos actuales se agruparán en cada explotación agraria en un pago único, cuyo importe se calculará en función de las ayudas recibidas durante el periodo 2000-2002, explicó el comisario.

España y Francia encabezan desde hace meses la oposición a esa desvinculación de las subvenciones de la producción real, porque temen que tendrá efectos nefastos para el campo y la producción agrícola. Sin embargo, el comisario aseguró que reforzará la competitividad, promoverá una producción más orientada al mercado y permitirá el desarrollo de las zonas rurales.