El último intento por crear una base imponible común consolidada del impuesto de sociedades en la Unión Europea se produjo hace un lustro pero ha terminado bloqueado en el Consejo debido a la oposición de varios gobiernos europeos.El Ejecutivo comunitario vuelve a la carga este martes con una nueva iniciativa en este terreno con la que pretende poner coto a la ingeniería fiscal de la que se aprovechan las grandes empresas para reducir al mínimo sus contribuciones y mejorar la transparencia fiscal.
“Las normas actuales sobre el impuesto de sociedades no encajan en un contexto moderno. En general, los ingresos de las empresas se gravan a nivel nacional pero el entorno económico se ha globalizado, se ha hecho móvil y digital. Los modelos de negocio son más complejos y es más fácil mover los beneficios”, justifica la Comisión Europea en uno de los borradores del nuevo paquete que será adoptado este martes por el colegio de comisario.
Según Bruselas, las divergencias nacionales en la UE han permitido durante la última década el florecimiento de las planificaciones fiscales agresivas. Actualmente, las reglas están redactadas sin tener en cuenta la dimensión transfronteriza de las actividades comerciales lo que genera problemas tanto de doble imposición como de no imposición. El nuevo paquete nace con la idea de responder a esas lagunas de forma que las empresas paguen allí donde generan sus beneficios y se eviten confictos de interés entre las haciendas públicas de los Veintiocho.
La principal novedad del nuevo paquete radica en la adopción de una estrategia en dos fases para esquivar el bloqueo que se ha vivido con el último intento. En un primer estadio se crearía una base común con parámetros comunes para calcular la base imponible, el primer paso para avanzar hacia una cierta armonización fiscal. Todos los beneficios serán gravables salvo que expresamente queden exentos mientras que para apoyar la innovación los costes en I+D serán objeto de superdeducciones con mayor generosidad que en el régimen fallido.
CONSOLIDACIÓN, EN SEGUNDA FASE
Sin embargo, Bruselas ha optado por dejar para más adelante la parte más polémica y ambiciosa: la denominada CCCTB (en sus siglas en inglés) con la que pretenden obligar a las grandes empresas a consolidar sus resultados -beneficios y pérdidas- en una sola sociedad europea de forma que haya total transparencia sobre cuántos ingresos tienen o cuantos impuestos pagan. La idea es hacer obligatoria esa base común para las empresas con unos ingresos consolidados anuales de al menos 750 millones de euros lo que permitirá captar al 64% de las compañías que hacen negocios en Europa, especialmente aquellas que operan de forma transfronteriza.
Detrás de este nuevo intento se encuentran los escándalos fiscales descubiertos a raíz de investigaciones periodísticas como los recientes papeles de Panamá o Luxleaks, que destapó la existencia de centenares de pactos fiscales secretos entre la hacienda luxemburguesa y multinacionales para canalizar a través del Gran Ducado sus beneficios y minimizar al máximo el pago de impuestos. Estos acuerdos ya están siendo investigados por la Comisión Europea que ha exigido hasta ahora la devolución de impuestos no pagados a empresas como Fiat, Starbucks o Apple. El más destacado es el de el gigante tecnológica a quien Bruselas pide que devuelva 13.000 millones en impuestos no pagados en Irlanda.
Casos como estos han generado una enorme contestación social y han llevado a la Comisión Europea a intentar legislar de nuevo sobre un asunto que siempre genera polémica entre los Estados dado que requiere de la unanimidad para ser aprobado. Esto ha permitido que países como Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo o Maltabloqueen iniciativas en este terreno para mantener unos sistemas que les siguen saliendo muy rentables. La isla mediterránea por ejemplo utiliza los incentivos fiscales para atraer a grandes compañías que pueden ver reducida su factura fiscal hasta el 5% en algunos casos.
