La Policía Nacional ha desarticulado en Logroño una red de empresas falsas y ha detenido a 34 personas, cuatro acusadas de dirigir las empresas fraudulentas y otras treinta que, presuntamente, cobraron prestaciones a través de contratos falsos.
El delegado del Gobierno, Alberto Bretón, ha ofrecido una rueda de prensa junto al jefe superior de Policía, Manuel Álvarez, el jefe de la Brigada Provincial de Extranjerías, Manuel González, y la directora de la Inspección de Trabajo, Vega Martínez, para dar cuenta de la operación.
Gracias a ella se han detectado tres empresas ficticias, dedicadas presuntamente a servicios de limpieza y obras, pero que, en realidad, no ejercían actividad ninguna y vendían altas falsas en la Seguridad Social y relaciones laborales inexistentes.
En mayo del año pasado, se tuvo conocimiento, por colaboración ciudadana, de una estafa cometida contra ciudadanos extranjeros a quienes les habían proporcionado documentos de tres empresas, inexistentes, como contratos de trabajo o nóminas para que éstos pudieran cobrar algún tipo de prestación (desempleo, maternidad...).
En total, se ha detenido a cuatro personas, y se busca a otras dos, por dirigir las empresas. Están acusadas de los delitos de falsedad documental y estafa, y se trata de tres paquistaníes y un rumano que se "aprovechaban", en palabras de González, de la situación de otras personas.
"Es un fraude muy lucrativo y que genera daños importantes en las arcas del Estado", ha explicado Martínez. Además de a los responsables de las empresas falsas se ha detenido a otras treinta personas que pagaron (hasta 3.000 euros en un caso) por la documentación falsa con el objetivo de cobrar alguna prestación o demostrar arraigo. Se les acusa, en unos casos, de falsedad documental y, en otros, de este delito y de estafa.
Aunque es difícil cuantificar el fraude y perjuicio cometido contra la Seguridad Social, sí se puede cuantificar aproximadamente el perjuicio evitado, que se estima en unos cuatrocientos mil euros.
El SEPE (Servicio Estatal Público de Empleo) tenía previsto pagar en prestaciones en torno a cien mil euros, que se ha impedido. Además, se ha producido un fraude, en prestaciones indebidamente percibidas, al SEPE en 253.000 euros.
Las consecuencias para los imputados son penas de cárcel, que pueden variar entre seis meses y tres años; multas que oscilan de 501 a 10.000 euros; revocación de las autorizaciones de residencia conseguidas; inicio de la tramitación de expedientes de expulsión; y suspensión inmediata de las ayudas.
