Las cajas de ahorros quieren mayor grado de libertad e independencia respecto de los poderes públicos y una menor presencia política en sus órganos de gobierno y así ha quedado reflejado en un documento que será sometido a la aprobación de la asamblea de Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) que tendrá lugar hoy.
El documento se titula Informe de la Comisión para el Estudio de la Obra Social y parte de la base de que "la misión social" de las cajas de ahorros "mantiene su plena vigencia", por lo que está justificada su naturaleza como fundaciones. Pero las cajas --añade-- necesitan "responder a las críticas que se empeñan en calificarlas como instrumentos de los gobiernos regionales y locales para su intervención en la economía", por lo que precisan "mayor libertad e independencia en su gestión".
Por eso, el documento propone "un amplio acuerdo social y político" cuyas bases fueron aprobadas, de forma preliminar, en la reunión que presidentes y directores celebraron el 2 de marzo en Palma de Mallorca.
La propuesta de acuerdo no es gratuita. El Gobierno, los partidos, los organismos reguladores y las mismas entidades se han mostrado partidarios de acometer una reforma del régimen jurídico de las cajas. Sin embargo, dado el calendario electoral, la tentativa ha quedado aplazada hasta la próxima legislatura.
Las cajas quieren ir preparando el terreno ante la política. Cada vez que se abre el melón regulador de las cajas, se pone sobre la mesa el debate sobre la conveniencia, o no, de su privatización y el de la presencia política en sus órganos de gobierno.
En la última reforma, del 2002, se rebajó a un máximo del 50% la presencia política en las asambleas. En 12 de las 46 cajas, la participación del sector público en la asamblea general llega al límite del 50%.
