La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha confirmado este miércoles que el Estado permanecerá todavía durante varios años en la entidad que surgirá de la fusión por absorción de Bankia por parte de CaixaBank. "Tenemos que reevaluar el plan de desinversión en función de las nuevas circunstancias y oportunidades para tomar las decisiones oportunas en los próximos meses y años", ha asegurado ante la comisión de asuntos económicos del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia en 2012 y el Estado todavía conserva una participación del 61,823% en la entidad debido a los 24.069 millones de euros en capital público inyectados en el grupo. Calviño ha sostenido que la fusión permitirá elevar las cantidades recuperables vía dividendos y venta de las acciones del nuevo banco, del que el sector público poseerá el 16,1%. Con todo, ha asegurado que la operación no se ha aprobado desde la "óptica de la desinversión inmediata" y que "no es momento de fijarse fechas" de venta, ya que ello perjudicaría a la reintegración de las ayudas.

Casi todos los grupos parlamentarios se han mostrado partidarios de la fusión, pero la mayoría han mostrado sus temores por el efecto en el empleo (han recordado que se especula con la reducción de hasta 8.000 puestos de trabajo), así como por la posible exclusión financiera de pequeños municipios que puedan quedarse sin sucursal. Además, algunos como el PNV y Ciudadanos han dado por sentado que no se podrán recuperar todas las ayudas inyectadas al grupo BFA-Bankia, del que por el momento las arcas públicas solo han recibido 346 millones de euros.

Alta competencia

Calviño ha defendido que existe una "alta competencia" en el sector financiero español, acentuada por la entrada de nuevos jugadores digitales, y ha recordado que es uno de los mercados más "altamente regulados". Asimismo, ha subrayado que tanto CaixaBank como Bankia tienen experiencia en ajustar su plantilla de forma acordada con los sindicatos y, en términos más general, ha pedido a la banca que busque "alternativas que protejan el capital humano en un proceso (de recorte de empleo) que tiene que producirse, pero de forma constructiva".

"Estamos en un momento excepcional en el que no hacer nada no es una opción", ha asegurado la vicepresidenta para justificar el apoyo del Gobierno a la fusión CaixaBank-Bankia. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para admitir que no dará el pistoletazo de salida a la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero este año como tenía previsto, si bien ha asegurado que espera impulsarla "a principios del año que viene".