El juicio de Gescartera comenzó con una curiosa coincidencia. Tanto la defensa de Antonio Camacho, principal acusado por su responsabilidad en las supuestas estafas de la gestora de fondos, como buena parte de los abogados de la acusación solicitaron la comparecencia de exaltos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por distintas razones, ambas partes entienden que estos directivos tuvieron un papel relevante en el que fue el mayor escándalo financiero de la etapa del PP.

El abogado defensor de Camacho, Miguel Bajo, pidió a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Paloma González que presenten testimonio el exdirector de supervisión de la CNMV, Ramiro Martínez Prado, y el que fuera presidente de esta institución entre 1996 y el 2000, Juan Fernández Armesto, justo durante buena parte de la etapa en que actuó Gescartera. Camacho necesita probar que sus actuaciones contaban con la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que la institución conocía sus dificultades financieras.

La acusación particular que ejerce la asociación de consumidores Adicae reiteró su petición de que se acuse por su implicación en el caso a Pilar Valiente, sucesora de Fernández Armesto en la presidencia de la CNMV y que terminó dimitiendo por el escándalo; a Luis Ramallo, vicepresidente de esta institución y luego diputado del PP; y a Enrique Giménez Reyna, secretario de Estado de Hacienda y hermano de Pilar Giménez Reyna, presidenta de Gescartera y una de las principales acusadas.

PETICION DE ANULACION Durante la vista de ayer, Caja Madrid Bolsa pidió la anulación del juicio y se quejó de que el fiscal le haya encausado como responsable civil subsidiaria. La entidad entiende que, en todo caso, deberían acusar a las entidades HSBC, BBVA, Santander, Beta Capital, o Benito Mojardín que también actuaron de intermediarios en Gescartera. En esta fase previa, hubo un abogado de la acusación que solicitó la declaración de Bancaja para conocer con qué garantías patrimoniales contaba Camacho para recibir créditos por 1,2 millones de euros con el fin de que comprase un chalet y un piso tras salir de la cárcel en el 2004.