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UNOS 4.500 AFECTADOS

Camioneros españoles reclaman 700 millones de euros a los fabricantes

Empieza la presentación de reclamaciones en los juzgados contra el cartel europeo por pactar precios

 

Marcha lenta de camiones en la N-240 a su paso por Lleida. - ARCHIVO / ACN / SALVADOR MIRET

EL PERIÓDICO
02/02/2019

El despacho CCS Abogados ha iniciado la presentación de las primeras demandas contra el cártel europeo de fabricantes de camiones, que recogen 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes y que implican a más de 34.000 vehículos. Las indemnizaciones totales a los afectados por el caso en España podrían superar los 700 millones de euros, según informó el bufete en un comunicado, en el que destaca que posee la mayor cartera de clientes afectados en España.

Según CCS Abogados, la presentación de demandas se está realizando de manera uniforme en todas las comunidades autónomas y la indemnización estipulada para los usuarios con camiones afectados podría situarse en una media del 16,35% del precio original del vehículo.

La prueba pericial aportada por el despacho de abogados, que ha realizado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos.

En España, los afectados comenzarán su andadura hacia una posible indemnización en los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y presumiblemente acabará en las audiencias provinciales, sin descartar que algunos casos puedan llegar hasta el Tribunal Supremo. Otros bufetes ya han presentado demandas y ha salido alguna sentencia desestimatoria debido a los defectos que presenta la prueba pericial que han usado, según CCS Abogados.

La Comisión Europea sancionó con 2.930 millones de euros a MAN, Volvo-Renault, Iveco, Mercedes-Benz (Daimler) y DAF por haber pactado los precios de venta de sus vehículos y por haber repercutido en el comprador los costes de cumplir con las normas en materia de emisiones contaminantes, tratándose de la mayor multa impuesta por Bruselas hasta la fecha, después de una sanción de 1.470 millones dictada en 2012 contra el pacto entre siete fabricantes de televisores para bajar los precios.

Los fabricantes, a excepción de Scania, reconocieron su implicación en el caso, que duró catorce años, por lo que el Ejecutivo comunitario aceptó reducir un 10% las multas e incluso perdonar totalmente la impuesta a MAN, empresa que confesó la existencia del pacto.

Por su parte, el fabricante sueco Scania, al que Bruselas sancionó con 880 millones de euros, rechazó "firmemente" y apeló la multa tras asegurar que ha cooperado "plenamente" con el organismo europeo proporcionándole la información y la explicaciones solicitadas durante todo el periodo de investigación.