El secretario general de UGT, Cándido Méndez, anuncia que su sindicato propondrá al Gobierno un conjunto de medidas para fomentar el uso de las viviendas en alquiler como la reducción del 10% en la cuota del IRPF a esas familias.Según recoge la agencia Efe, estas iniciativas se enmarcan dentro de un plan que intenta "facilitar el establecimiento de un proyecto de vida de los jóvenes" e incide en las "notables" diferencias que separan a España de Europa en esta materia. En este sentido, explica que mientras que en España el nivel de unidades familiares o personas particulares que utilizan la vivienda de alquiler no sobrepasa el 11%, en Europa este dato asciende hasta el 27%. Por ello, considera que esa circunstancia está propiciada por la falta de una política gubernamental en ese sentido "ya que, de ese 11%, tan sólo el 1% pertenece a viviendas públicas de alquiler, mientras que en Europa esa tasa es del 12%". El dirigente sindical declara que el Gobierno está obligado por mandato constitucional a facilitar el acceso a una vivienda digna, y que éste debe abanderar un "cambio cultural" en los españoles, "que hasta ahora siempre han apostado por la compra de una vivienda, a pesar de su alto coste y su incidencia en la economía familiar". Además, estima que si en una familia de renta media el pago de la hipoteca de una vivienda supone el 31% de su gasto mensual, en el caso de los jóvenes esa cantidad se dispara hasta el 60%. Méndez también apunta que el 60% de las licencias de viviendas protegidas expedidas al cabo de un año debe acercarse al 60%, "unas cien mil", y que, de ese porcentaje, la mitad deberían estar consideradas como de régimen de alquiler. Sobre la precariedad laboral, el secretario general de UGT reconoce que se acentúa en el mundo juvenil "con una mayor inestabilidad y un mayor número de siniestros en el puesto de trabajo", pero asegura que su sindicato contempla alternativas legales para resolver este tipo de situaciones y, como ejemplo, cita el acuerdo para la estabilidad en el empleo al que se ha llegado con el Gobierno "sobre todo para establecer una serie de límites en la contratación temporal, aparte de incentivos a los empresarios, para cambiar contratos temporales en indefinidos".