La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha propuesto juzgar al expresidente de Bancaja José Luis Olivas y a otras 47 personas, exconsejeros y empresarios, por las supuestas irregularidades en los préstamos concedidos al proyecto Grand Coral en el Caribe mexicano. En el auto conocido ayer, la magistrada, que considera concluida la fase de instrucción, percibe «indicios suficientes» para sentar en el banquillo a los ahora procesados -entre los que también se encuentra el expresidente de Banco de Valencia Antonio Tirado- por posible administración desleal y blanqueo de capitales, que provocó un quebranto de 750 millones de euros, el 100% de la inversión realizada por las entidades financieras en esta operación.

El informe del ministerio fiscal denunciaba indicios de responsabilidad criminal en los integrantes del consejo de administración que votaron favorablemente los acuerdos relativos al grupo Grand Coral en las operaciones Emerald, la adquisición de las fincas Zacatón-Piedras Bolas en Baja California, Vinoramas, en la Riviera Maya, así como en la refinanciación de la deuda del grupo. Todas estas operaciones, así como otras relacionadas con la refinanciación de la deuda del grupo empresarial, habrían sido financiadas por préstamos otorgados por Bancaja, Banco de Valencia y Bancaja Miami.

La investigación de Grand Coral nació a raíz de una denuncia presentada por Bankia Habitat a finales del 2013 por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre el 2005 y el 2009, que le pudieron ocasionar un «menoscabo patrimonial» al tener que provisionar «una parte muy importante» de esos préstamos. La jueza instructora ha acordado el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la fiscalía y emplaza a las acusaciones a que en un plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

ENORME MAGNITUD / La magistrada explica que Bancaja y Banco de Valencia participaron entre el 2005 y el 2009 en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral, en el que participaban también otros socios externos. Las inversiones fueron muy diversas y de una «enorme magnitud económica», destaca el auto de la magistrada.