La Conferencia Sectorial del Suelo y la Vivienda convocada por el ministro Francisco Alvarez-Cascos con las CCAA concluyó ayer con la firma de un "acuerdo de mínimos" de 12 de ellas y sin las socialistas ni el País Vasco, aunque habrá futuros encuentros con los ayuntamientos.
Alvarez-Cascos, tras una reunión de tres horas, que el texto adoptado se trasladará a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) "ya que la llave de la gestión del suelo la tienen los ayuntamientos".
Recordó que el objetivo era "buscar un acuerdo político" considerando las competencias asignadas a las CCAA y "establecer sintonías con el fin común, no discutido por nadie, de frenar el excesivo precio del suelo y que repercute negativamente en el de la vivienda libre y presiona al alza en el viviendas de protección".
LOS CONTRARIOS
Los consejeros de las CCAA socialistas (Andalucía, Extremadura, La Mancha, Aragón, Asturias y Baleares) y el del País Vasco no firmaron este Acuerdo sobre suelo y vivienda que sí rubricaron el resto de las CCAA gobernadas por el PP junto a Cataluña y Canarias.
La reunión se centró en las propuestas que Fomento efectúa a la ley 6/98, legislación básica estatal, en cuanto a la definición de suelo urbanizable y el método de valoración, así como aspectos sobre el Plan de Vivienda y los suelos patrimoniales.
Ahora, cada comunidad actuará en su área en lo acordado, matizó Alvarez-Cascos, "que se centra en tres bloques: competencia estatal en materia de suelo recogida en el Real Decreto 4/2000 en trámite como Ley; y el capítulo de la valoración del suelo, donde hay más discrepancias.
El consejero de Obras Públicas de Cataluña (CiU), Felip Puig y el de Canarias (CC), Antonio Castro, se sumaron al acuerdo pero consideraron que puede ser mejorable en el futuro con otras medidas, algunas fiscales.
Los titulares de las regiones que no se sumaron, entre ellos el extremeño Javier Corominas, se mostraron "muy decepcionados" y criticaron que el acuerdo no entra, entre otros aspectos, en el régimen de valoraciones del suelo, uno de los principales escollos para negarse a firmarlo. Además, el manchego Alejandro Gil advirtió de que es difícil pactar cuando el Estado ha recurrido la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha y Extremadura.
