Un total de 96 familias se declararon en suspensión de pagos a lo largo del 2007, ante la imposibilidad de atender sus deudas, según la Estadística del Procedimiento Concursal que ayer difundió el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este es el número de personas que el año pasado se sometieron a un proceso concursal, bajo la tutela de un juez de lo mercantil, para, con su patrimonio, hacer frente al mayor volumen posible de deudas. En el 2006, el número de personas que entraron en concurso fue de 53 y desde que entró en vigor la nueva Ley Concursal, a finales del 2004, la cifra total asciende a 213 casos.

El número de concursos individuales registrados durante el 2007 es el 81% superior al del 2006, pero la comparación es mucho más llamativa si se tiene en cuenta el cuarto trimestre, en el que el número de personas físicas no empresarias (según la terminología que emplea el INE) que se declararon en suspensión de pagos fue de 36, frente a los 20 casos del tercer trimestre del año 2007 o a los 16 casos de finales del 2006. "Si las hipotecas siguen subiendo y sigue aumentando la inflación, lo raro sería que no aparecieran problemas en los particulares. El proceso concursal es el final de todos esos datos macroeconómicos", interpreta la directora del Registro de Economistas Forenses (Refor), Inés Landín.

El perfil del individuo que llega a esta situación de precariedad económica, en general, corresponde a "personas que se han endeudado por encima de sus posiblidades y que no son capaces de parar, renegociar, vender la casa o tomar decisiones graves para atender los pagos", explica Landín. "Hay casos en los que se tira de tarjeta para pagar la hipoteca, y estas soluciones a corto plazo no funcionan", añade. "También hay personas a las que una enfermedad les impide seguir obteniendo los ingresos necesarios para pagar sus deudas o trabajadores que han sido despedidos por el cierre de alguna empresa", explica Landín.

Las deudas en las que, habitualmente, queda atrapado una familia en dificultades son la hipoteca, los recibos de luz, gas, teléfono o electricidad, el de la comunidad de vecinos y otros. En la mayoría de los casos, los concursos derivan en la liquidación del patrimonio y pago del mayor porcentaje de deuda posible. Muy pocas veces derivan en acuerdos con las entidades financieras.

Cataluña concentra el mayor volumen de expedientes individuales. De los 96 casos en el 2007, 22 se dieron en esta comunidad y 15, en Galicia.