El 30 de abril finaliza el plan Prepara, la ayuda de 426 euros para parados de larga duración vinculada a la búsqueda de empleo, y no hay consenso entre el Ministerio de Empleo y los sindicatos CCOO y UGT para lograr una alternativa. Las dos centrales mayoritarias consideran que la fórmula que ha puesto sobre la mesa de negociación el Gobierno restringe aún más el número de personas beneficiarias y el tiempo para recibir esta ayuda.

Las centrales calculan un recorte de entre 3 y 42 meses en el tiempo de percepción de la ayuda, siendo los más perjudicados los mayores de 45 años. También denuncian el endurecimiento de los requisitos para acceder a los subsidios una vez agotada la prestación contributiva, al exigir a todos los perceptores el requisito de la búsqueda activa de empleo, que ahora sólo se pide a los perceptores de plan Prepara que está vinculada a las políticas activas de empleo.

Apenas una semana antes de que finalice el Prepara, el acuerdo entre el ministerio que dirige Fátima Báñez y los sindicatos parece imposible. Y no será porque haya habido poco tiempo para dedicarse al tema.

PENDIENTE DESDE AGOSTO / El Ejecutivo se comprometió en agosto del 2017 a para reagrupar todas las ayudas y subsidios de carácter estatal para los parados que hayan agotado la prestación contributiva, como son el Programa para la activación del empleo (PAE), el Prepara y la renta activa de inserción (RAI), tras una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba ilegal la gestión del Prepara por parte del Gobierno central al invadir competencias de las comunidades autónomas. En diciembre otra sentencia del alto tribunal declaraba inconstitucional el PAE por las mismas razones.

Para no dejar a los parados sin ayuda las comunidades autónomas realizaron una delegación temporal de estas competencias en el Ejecutivo de Rajoy con el compromiso de que agrupara todas las ayudas en una sola y trasfiriera los medios materiales necesarios a las autonomías para que abonaran la ayuda. Sin embargo, no se ve un acuerdo cerca entre los interlocutores que deben resolver la parálisis de tantos meses.

Las autonomías gobernadas por el PSOE o coaliciones de izquierda comunicaron a Empleo a comienzos de esta semana su oposición al proyecto del Gobierno que responde al nombre de renta complementaria de desempleo (RED). A las comunidades socialistas se han unido otras del PP y suman una mayoría que reclama la gestión y denuncia que se deje fuera a buena parte de los beneficiarios actuales.

En los dos textos de la RED presentados por el Ministerio de Empleo a las centrales se mejora las ayudas para los menores de 45 años pero empeora para los mayores de esa edad. Los menores de 45 años tendrán cinco meses más de ayudas si no tienen responsabilidades familiares, siempre y cuando hayan cotizado por lo menos entre 3 y 3,5 años y hayan agotado la prestación contributiva de 12 meses.

Los que hayan superado los 45 con responsabilidades familiares, el sistema actual les permite recibir ayudas durante un máximo de 66 meses, mientras que con la RED percibirán la prestación durante 24 meses, con lo que pierden hasta 42 meses. Si no tienen responsabilidades familiares, la pérdida de protección asciende a 39 meses con la RED.

Carlos Bravo, secretario de política social de CCOO, advierte al Gobierno que está perdiendo la ocasión de abordar una «reforma integral» del sistema de prestaciones, y le reclama que lo haga mediante una norma con rango de ley que se pueda debatir en el Parlamento y no mediante un decreto.