CCOO y UGT redoblaron ayer la presión al Gobierno para que prolongue los incentivos para los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes) y los adapte a su recién anunciado plan de desescalada del confinamiento. Los sindicatos temen una ola masiva de despidos si esta fórmula no se extiende en el tiempo y más allá del estado de alarma. El elevado coste para las arcas de la Seguridad Social de dicha medida está siendo el principal escollo de las negociaciones entre agentes sociales y el Gobierno.
A este los sindicatos le piden que no escatime recursos públicos, pues consideran que «el dinero que se pretenda ahorrar ahora con los ertes se tendrá que pagar luego con desempleo», dijo ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un acto telemático de Nueva Economía Forum.
El Gobierno ya ha dado a conocer su esquema de desescalada, aunque no ha concretado qué pasará con los ertes que vencen con el estado de alarma, previsto para el 9 de mayo. La posibilidad de que se alargue es un balón de oxígeno y alejaría la urgencia de cerrar un pacto. Las patronales, especialmente las del turismo, ya han declarado que no garantizan el empleo si el Ejecutivo no asume parte de los costes laborales.
