Los dos sindicatos mayoritarios lo llevan diciendo desde hace semanas pero han tenido poco eco hasta que, megáfono en mano, se fueron a proclamarlo ayer a la puerta del Congreso de los Diputados. La reforma de las pensiones va a ser una "pantomima" tanto en su vertiente política, en la comisión del Pacto de Toledo, como en el diálogo social con empresarios y sindicatos. La razón es clara: el Gobierno presentará unilateralmente su proyecto de ley el 28 de enero próximo.
"El presidente del talante quiere dejar al margen a la ciudadanía", afirmó el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien, junto a Cándido Méndez, registró en la Cámara baja la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre la reforma laboral.
Para UGT y CCOO es significativo que el Consejo de Ministros anunciara sus planes el viernes cuando la atención de la opinión pública estaba centrada en el conflicto de los controladores. Fue una estrategia para ocultar que quiere "imponer" el retraso de la edad de jubilación a los 67 años.
Según Méndez, el Ejecutivo pretende "tirar por la calle de en medio" y "hurtar" a los ciudadanos el debate de las pensiones "blindándose o resguardándose" en las decisiones de los ministros de economía de la UE.
Las centrales se han dado de plazo hasta el próximo mes de marzo para recoger el medio millón de firmas necesarias para que la ILP se tramite en las Cortes. Así, este polémico asunto que provocó la huelga general del pasado 29 de septiembre entraría de lleno en la campaña de las elecciones municipales. En su texto UGT y CCOO abogan por recuperar la causalidad del despido y la erradicación de la temporalidad mediante un solo contrato estable.
