Los sindicatos CCOO y UGT salieron al paso ayer ante las sentencias que culpan a los trabajadores heridos o fallecidos de accidentes laborales. Las centrales consideran "fundamental" que se presenten denuncias en el ámbito penal en busca de indemnizaciones económicas y de condenas de prisión "disuasorias".
CCOO y UGT pidieron al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que "persiga de oficio los delitos de riesgo con todas sus consecuencias" mediante la aplicación de una instrucción del año 2001 que ordena a los fiscales investigar las imprudencias de las empresas para determinar si se las acusa de poner en peligro a los trabajadores. Este delito prevé una pena de seis meses a tres años.
