La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ha asegurado hoy que el Gobierno ha conseguido que la Comisión Europea asigne a España 62 millones de euros este año, para repartir alimentos entre las familias y personas más necesitadas.
Espinosa ha contestado así a Joan María Roig I Grau, del Grupo Parlamentario Catalán, quien le ha preguntado en el Senado por qué los procedimientos administrativos utilizados para la compra de alimentos retrasaban su entrega en unos diez meses.
La ministra ha negado esta acusación, al defender que el procedimiento para la compra de alimentos, en base al reglamento comunitario, es "transparente, con publicidad y con igualdad de trato para todos los operadores".
Ha puntualizado que el Ejecutivo ha logrado que la CE incrementara la partida financiera asignada a España en 2009 para el Programa de Alimentos en un 24 por ciento, pasando de 50 a 62 millones de euros, con lo que se repartirán casi 44 millones de kilogramos a las familias y personas más necesitadas.
Espinosa ha subrayado que, entre abril de 2008 y finales de febrero de 2009, su departamento ha distribuido casi 36 millones de kilos de alimentos por valor de cincuenta millones de euros.
Finalmente, ha destacado que el Gobierno ha contado en este proceso con el apoyo de Cruz Roja Española, Cáritas y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con la finalidad de asegurar que todo aquel que lo necesita se pueda beneficiar de este programa en cualquier punto de España.
María Ángeles Font, del PP, ha interpelado a la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, sobre las medidas que el Gobierno va a llevar a cabo para evitar el creciente "hurto famélico", como se denomina a aquellas personas que roban para paliar su hambruna.
Tras recordar que la sustracción en establecimientos supuso el año pasado 2.510 millones de euros, Font ha esgrimido que los servicios sociales y las propias ONG están "completamente desbordadas" y, como ejemplo, ha señalado que las personas que atiende Cáritas en sus comedores han aumentado un 50 por ciento.
La parlamentaria ha apuntado que 500.000 hogares españoles se encuentran en riesgo de exclusión social, algo que ha provocado que se hayan "disparado" los hurtos famélicos.
Esta situación, a su juicio, recuerda a la España de los años cuarenta, con "colas delante de las iglesias" para comer y con "ciudadanos revolviendo en las basuras de los supermercados".
La ministra de Educación y Política Social ha confesado que el Gobierno está "especialmente preocupado" por estas personas que, por su situación de penuria económica, constituyen una prioridad para la Administración.
No obstante, se ha referido a que el Ejecutivo ya ha asumido la "responsabilidad que le corresponde" con su participación en el fondo concertado municipal para ayudar a estos grupos sociales.
La ministra ha expresado su respeto por unas competencias que son propias de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, como entes que "de manera más próxima atienden a los colectivos más vulnerables".
