La Comisión Europea (CE) ha abierto hoy expediente a 25 de los 27 países comunitarios, entre ellos España, por incumplimiento de la normativa comunitaria sobre los mercados del gas y de la electricidad.

Estos países comunitarios "impiden que los consumidores europeos se beneficien de un mercado energético abierto y competitivo", según afirma la CE en un comunicado.

Todos los estados miembros de la Unión Europea salvo Malta y Chipre recibirán cartas de emplazamiento del Ejecutivo comunitario, una medida que constituye la primera fase de un procedimiento de infracción.

El comisario europeo de Energía, Andris Piebalgs, ha afirmado en un comunicado que ante la actual crisis económica "es inaceptable que los consumidores europeos y las empresas sufran un mal funcionamiento del mercado de la energía".

La Comisión "está dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los consumidores europeos puedan disponer de una elección real, de precios más bajos y de una mayor seguridad en el suministro", facilidades "que sólo puede ofrecer un mercado abierto y competitivo".

Entre las infracciones figura la falta de información por parte de los gestores de redes de transporte de gas y de electricidad, lo que obstaculiza el acceso a los proveedores.

También existe una falta de coordinación y cooperación transfronteriza entre las autoridades nacionales y las redes de transporte de gas y electricidad, que sería necesaria para optimizar la utilización de estas redes tanto a escala local como europea, según la CE.

Los gestores de estas redes tampoco han hecho lo suficiente "para liberar un máximo de su capacidad técnica" y favorecer así una mayor competencia, añade la Comisión.

Asimismo, los proveedores energéticos "persisten en la reglamentación de los precios", y en particular en beneficio de sus mayores clientes, lo que dificulta la entrada de los nuevos operadores en el mercado.

Las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE, por su parte, no han tomado las medidas necesarias para velar por el cumplimiento de la normativa comunitaria.

La CE acusa a los 25 países de la UE de no haber puesto en marcha procedimientos "simples, transparentes y poco costosos" para la protección de los consumidores, contemplados en la directiva europea del gas y la electricidad.