El rechazo de los sindicatos al plan de viabilidad de Izar, presentado ayer por el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles, ha provocado la reacción esperada: la convocatoria de un paro en todos los centros de trabajo para el 14 de septiembre y la presentación de un preaviso de huelga que deja abierta la puerta para un periodo de movilizaciones más amplio comprendido entre el 15 y el 30 de este mes.

Precisamente, Martínez Robles ha convocado una nueva reunión para el día 15. En ella, los sindicatos exigirán al responsable de la SEPI que defina el futuro de cada astillero y busque una solución que no sea la ya apuntada segregación de los centros militares de los civiles.

NUEVA SOCIEDAD ESTATAL El plan de Martínez Robles contempla la creación de una nueva sociedad pública a cargo de la SEPI en donde sólo se integrarían los astilleros militares (Ferrol, Cartagena, Cádiz y Puerto Real) que son los más rentables. El resto de centros, cuya carga de trabajo es muy inferior, serán vendidos de manera gradual para lograr inyecciones de capital privado. El proceso puede provocar pérdidas de puestos de trabajo aunque Martínez Robles garantizó que todas ellas serían pactadas con los empleados.

Los sindicatos (CCOO,UGT, ELA, USTG, CAT y CIG) se quejaron ayer de que la segregación no impide la devolución de los 1.100 millones en ayudas ilegales que reclama Bruselas, lo que puede provocar el cierre de algunos centros. Para ELA hay una voluntad clara de "liquidar el astillero de Sestao" y el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, pidió ayer al Gobierno un compromiso a favor del centro vizcaíno.

Las centrales se preguntan quién puede querer comprar una empresa cuyo dueño --el Estado-- dice que no es rentable, tiene que devolver miles de millones en ayudas públicas y posee poca carga de trabajo.

NEGOCIAR CON LA UE La vía sindical sería negociar con la Comisión Europea para mantener las 210.000 toneladas de pedidos prevista en los astilleros civiles y buscar nuevos proyectos. En este sentido, las centrales critican que el Ejecutivo haya renunciado a hacer presión en la UE y haya optado por la aplicación estricta de la norma comunitaria.

La mesa sindical de Izar realizará una campaña informativa entre los partidos políticos, gobiernos autónomos y ayuntamientos para conseguir el mayor respaldo social.