El Gobierno aprobará el real decreto que derogue parte de los aspectos más lesivos para los trabajadores de la reforma laboral del PP en el Consejo de Ministros del 1 de marzo, el último de la legislatura con las Cortes en activo. Desde la patronal «se da por hecho», según cuentan fuentes empresariales, y el escenario ahora no pasa tanto por impedirlo, sino por recabar los apoyos suficientes con los que negociar unas mejores condiciones.

Así lo trasladan fuentes de la patronal catalana, que trasladan su rotundo rechazo a cualquier modificación legislativa de tal calado antes de las elecciones. Un discurso diametralmente opuesto al de los sindicatos, que impulsados por el ambiente preelectoral van encadenando actos a lo largo de todo el territorio español para presionar al Gobierno. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, alertaba a Pedro Sánchez ayer desde Cáceres: «Espero que el Gobierno sea consciente de que gran parte de su potencial base electoral es trabajadora».

El contenido de esa contrarreforma recoge los principales temas que el Gobierno ha ido tratando durante nueve meses con patronal y sindicatos en las Mesas de Diálogo Social de Empleo. Estos son la recuperación de la ultraactividad indefinida, la prioridad aplicativa del convenio sectorial sobre el de empresa, la reforma de la subcontratación y la obligatoriedad del registro horario. La posibilidad de que la CEOE acabe aceptando modificaciones es mayor en unos que en otros, según cuentan fuentes del mundo empresarial. La ultraactividad y la reforma en la subcontratación son los que admiten más puntos intermedios.

Fuentes de Moncloa reconocen que no plantearán ninguna votación que no estén seguros de ganar y para ello son imprescindibles los apoyos (o por lo menos la abstención) del PDECat y el PNV. El PDECat dice que «si el texto del decreto se corresponde con lo que hemos negociado, no tendremos ningún problema en votar a favor».