El Estatuto del Trabajador Autónomo que el Gobierno aprobará el 8 de septiembre va camino de convertirse en un auténtico varapalo para la CEOE. Además de recortar su capacidad de representatividad en este colectivo a favor de organizaciones de reciente aparición, otorga derechos a los autónomos contratados por las grandes empresas. No es extraño que la patronal haya puesto trabas al nacimiento del estatuto, ley única en Europa que dará cobertura a tres millones de personas.
Sin embargo, el Gobierno ha seguido adelante con el proyecto apoyado por tres organizaciones, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) --dependiente de UGT--, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y su asociada, PIMEC. El Gobierno les otorgó la representatividad de este colectivo.
Tanto fue así que la CEOE se vio obligada hace un año a crear la Ceat para participar en las negociaciones. Esta federación asegura integrar a 45 organizaciones afiladas a CEPYME y a la CEOE, y reconoce que se crea para "evitar que organizaciones artificiales intenten suplantar la defensa de nuestros intereses como empresarios autónomos", en alusión a UPTA y a ATA-PIMEC.
El artículo 21 del nuevo estatuto deja claro que la representatividad de los autónomos la ejercerán aquellas asociaciones profesionales, inscritas en un registro especial, que "demuestren" implantación en el ámbito territorial a través de "criterios objetivos" como la afiliación.
No es raro, por tanto, que Ceat diga en su web que prefiere "respetar el actual marco normativo frente a determinadas iniciativas para desnaturalizar, burocratizar y sindicalizar nuestra realidad empresarial con pretendidos estatutos del autónomo y del autónomo dependiente".
ATRIBUCIONES Las nuevas organizaciones no solo podrán representar a los autónomos en las mesas del diálogo social sino también firmar acuerdos profesionales entre trabajadores dependientes y sus empresas, similares a los convenios colectivos. En ellos se pactarán cuestiones reflejadas en el estatuto como las indemnizaciones por despido (por resolución de contrato), responsabilidades del empresario por riesgos laborales, garantías económicas, jornadas laborales, régimen de descansos, permisos y otros derechos individuales y colectivos.
La pérdida de peso de CEOE-CEPYME se visualizó en la negociación del estatuto cuando el Gobierno le explicó que su papel era consultivo y rechazó sus objeciones. Se oponían a que los autónomos dependientes de otra empresa pudieran acudir a los juzgados de lo social para dirimir las condiciones de sus contratos. También rechazaban que tengan un seguro por cese de actividad similar al de desempleo que disfrutan los asalariados.
