El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha afirmado hoy que "no parece lógico" que en 2009 hubiera 424.607 despidos improcedentes y que los efectos de la crisis sobre el empleo han sido "devastadores".

Peña ha facilitado estos datos durante su intervención en el Foro de la Nueva Sociedad organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha señalado que el 31% de los 1.367.700 empleos destruidos en 2009 (los 424.607) fue por despidos improcedentes, frente al 56% (767.032) que se debieron a la extinción de contratos temporales.

El presidente del CES ha denunciado que existe "un proceso de deslegitimación" contra los sindicatos y ha advertido de que eso será "nocivo para el país", porque, recuerda, tanto las organizaciones sindicales como las patronales forman parte del "entramado constitucional". Por eso, ha pedido que haya "más reconocimiento" hacia la labor de los sindicatos y ha señalado que "incluso debería haber agradecimiento".

Sobre el hecho de que sindicatos y empresarios no hayan llegado a un acuerdo sobre la reforma laboral, Peña ha afirmado que "lo que socialmente se valora es el esfuerzo" y que cuando la patronal y los sindicatos se sentaron a negociar "nadie más en este país intentaba llegar a un acuerdo", por lo que ha considerado que "no se puede exigir" que lleguen a un pacto "cuando no se hace en otros ámbitos". Además, ha lamentado las críticas a la reforma laboral aunque ha opinado que la reforma de la negociación colectiva "es susceptible de mejora".

REFORMAS NECESARIAS

Marcos Peña ha advertido de que el modelo económico español es "insostenible" y que por ello está obligado a acometer reformas estructurales del sector productivo, del sistema financiero, del sistema energético, del sistema educativo y del mercado laboral. Y ha destacado que, a su juicio, el capital humano es el factor estratégico del crecimiento económico.

Acerca de la reforma fiscal, el presidente del CES ha dicho que si fracasan los procedimientos de ordenación y mejora, y la intensificación de la lucha contra el fraude y la economía informal no es suficiente, habrá que plantearse recuperar impuestos sobre la riqueza, revisar la fiscalidad sobre las Sociedades de Inversión Colectiva (Sicav), o la tasa medioambiental.