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El cese por bajas justificadas reaviva la reforma laboral

El Tribunal Constitucional avala que las empresas primen los beneficios a la salud. Los aspectos más lesivos de la norma, vigentes 7 años después de la última huelga general

 

Gabriel Ubieto epextremadura@elperiodico.com MADRID
17/11/2019

El pasado jueves, 14 de noviembre, se cumplieron siete años de la última huelga general convocada por los sindicatos con representación mayoritaria. Al margen de CCOO y UGT, ha habido otras, principalmente organizadas a raíz de los 8-M o vinculadas con el procés independentista catalán. La última de estas últimas, la del 18 de octubre del 2019, casi consigue aproximarse a los impactos en términos de consumo energético o participación de trabajadores de ese 14-N.

No obstante, la huelga con más seguimiento de la última década continúa siendo la celebrada el miércoles 14 de noviembre del 2012, contra las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy y su reforma laboral.

Y siete años después, la reforma laboral por la que millones de españoles fueron a la huelga sigue vigente y el Tribunal Constitucional (TC) se encargó a finales de octubre de reavivar en la memoria de más de uno el porqué de dichas movilizaciones. El TC avaló el pasado 29 de octubre que las empresas pueden aplicar un despido objetivo a un trabajador que acumule el 20% de jornadas de baja en un periodo de dos meses, aunque estas estén justificadas y siempre que sean intermitentes y no obedezcan a causas de enfermedad grave.

No por la falta de novedad jurídica, pues la doctrina que avaló el Tribunal Constitucional hacía tiempo que imperaba en el Tribunal Supremo y, de hecho, el Constitucional ya había validado en bloque en la reforma laboral del PP, el fallo fue menos doloroso entre las centrales, los partidos de izquierdas y las entidades sociales.

Las patronales, por su parte, reaccionaron con mensajes de normalidad a la sentencia; pues ven en el artículo 52, apartado D, del Estatuto de los Trabajadores una herramienta válida para atacar el «fraude en el absentismo», que no el absentismo, como remarcó el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; sin valorar que la reforma del PP no distingue entre ambos.

SIN ESTADÍSTICA / No existe estadística oficial que recoja cuantos trabajadores han sido despedidos aplicando el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Diversas fuentes jurídicas consultadas coinciden en que este mecanismo puede afectar con mayor intensidad a las mujeres que a los hombres, pues ellas acumulan más bajas.

Atento, dedicada a la atención telefónica, despidió el pasado 6 de noviembre a la presidenta del comité de empresa de su centro de Lérida invocando dicha medida. Antes, el 22 de octubre, era despedido el presidente del comité de empresa de Unisono, del mismo sector.

En otra empresa del sector, Konecta, ya se han producido 55 despidos según fuentes sindicales. Según coinciden diferentes centrales, su temor tras la sentencia del Tribunal Constitucional es que se produzca un «efecto contagio» y que las pymes comiencen a normalizar una práctica, hasta ahora casi única entre las grandes corporaciones.