Los parlamentarios chipriotas aprobaron esta noche las dos leyes exigidas por la troika tras haberlas rechazado horas antes, ante el peligro de que Chipre viera negado el segundo tramo del rescate financiero de los prestamistas internacionales.
Tras el rechazo inicial por dos votos de diferencia, el ministro de Economía, Jaris Yeoryiadis, acudió al hemiciclo chipriota a negociar con los partidos de oposición, y pasada la medianoche se convocó una nueva sesión extraordinaria en la que las leyes no aprobadas fueron nuevamente sometidas a votación con ligeros cambios.
En esta segunda votación recibieron el visto bueno de 41 diputados, frente a tres votos en contra.
Marios Karogian, líder del partido centrista DIKO y socio del Gobierno conservador, declaró que el resultado final beneficia al país y que los diputados actuaron en la segunda ocasión de forma "más prudente".
Una de las dos leyes que sembraron la polémica pretendía modificar la esencia de los llamados "bancos cooperativos", una especie de cajas de ahorros que la troika quiere reformar dentro del plan de reestructuración del sistema bancario chipriota.
Con la aprobación de dicha ley, la supervisión de los bancos cooperativos pasa al Banco Central del país, algo exigido por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
La segunda ley está destinada a reformar ciertas instituciones financieras para llevar a cabo la recapitalización de Hellenic Bank, el tercero mayor del país.
Mientras, otras doce propuestas de ley, entre ellas tres destinadas a fortalecer el marco normativo y dificultar el blanqueo de dinero, fueron aprobadas ya en la primera sesión del parlamento.
El próximo 13 de septiembre, el Eurogrupo decidirá sobre la concesión del segundo tramo del rescate chipriota (1.500 millones de euros), que debería servir para recapitalizar los bancos cooperativos.
El pasado marzo, el Eurogrupo decidió imponer una quita de depósitos en los dos mayores bancos del país a cambio de un rescate financiero de 10.000 millones de euros (equivalente al 60 % del PIB de Chipre) lo que obligó a decretar un corralito durante diez días y aún permanecen en vigor numerosas restricciones al libre movimiento de capitales.
