El Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley del mercado de valores con el voto favorable del PP, CiU y Coalición Canaria (CC). Esta nueva legislación mercantil ha sido duramente criticada por el PSOE, que es contrario a las obligaciones que impone a las cajas de ahorro.
La norma reforma la de 1988 y el texto de la ley de sociedades anónimas de 1989. Con ella se obliga a las empresas que cotizan en bolsa, a sus administradores, y a las cajas de ahorros a cumplir más deberes de información.
Entre las obligaciones destaca la presentación de un informe anual que incluya, como mínimo, la estructura de la administración de la entidad, las operaciones vinculadas y las suscritas con el propio grupo de empresas. También deben informar de las retribuciones de sus consejeros (sueldos, dietas y otras remuneraciones), y de los compromisos de pensiones y las primas de seguros de vida, en el caso de las cajas.
Con la nueva ley, las cajas quedan obligadas a declarar los créditos concedidos a partidos políticos con representación en ayuntamientos y autonomías, así como a instituciones integradas en su asamblea. Las instituciones de ahorro también deben constituir una comisión de inversiones que informe al consejo de administración de las operaciones a realizar.
DESIGUALDAD DE EXIGENCIAS
La mayor exigencia para las cajas de ahorros que para las empresas cotizadas fue motivo de enconada discusión en el debate en el Senado previo a la votación de las enmiendas. La ley sigue las recomendaciones de la Comisión Aldama, que en principio estaban dirigidas a empresas cotizadas. Después, el PP decidió incluir a las cajas de ahorros por su relevancia en el sistema financiero.
La representante del PSOE Maite Costa aseguró que la norma establece un "marco regulador fuertemente intervencionista". "Lo que no se exige a las cotizadas, incluidos los bancos, se exige a las cajas", dijo.
Josep Sánchez Llibre, de CiU, apoyó la ley, aunque también solicitó "dejar trabajar a las cajas" y mostró su "preocupación" ante la posibilidad de una próxima reforma de la legislación destinada a limitar los derechos políticos de estas entidades en sus participaciones industriales.
