Los ciudadanos deberán financiar parte de las coberturas y prestaciones que ofrezca el futuro sistema de dependencia --que comenzará a funcionar el próximo año-- para atender a personas mayores, discapacitados y, en menor medida, drogodependientes y enfermos mentales.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, reconoció la "gran magnitud de la tarea", que requerirá dos legislaturas.