El consejo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) acordó ayer aconsejar al Gobierno que permita a la italiana Enel ejercer derechos de voto plenos en Endesa, siempre y cuando el Ejecutivo español se reserve una capacidad de veto ex post (a posteriori) sobre aquellas decisiones que pudieran afectar a los intereses generales y el suministro eléctrico.
Con esta propuesta, el regulador quiere contrarrestar "la capacidad de intervención que el Gobierno italiano tiene sobre el Grupo Enel", que aspira a controlar la primera compañía eléctrica española. En la práctica, las recetas de la CNE equivalen a restablecer de hecho la antigua acción de oro del Gobierno sobre la privatizada Endesa.
Enel, propiedad en un 32% del Estado italiano, ya controla, directa e indirectamente, el 24,9% del capital de Endesa y, junto con la constructora Acciona, ha lanzado una opa sobre el 100% del capital de la eléctrica.
SEGURIDAD PUBLICA El informe de la CNE no tiene carácter preceptivo para el Gobierno, pero es fundamental para la decisión que debe adoptar el Consejo de Ministros sobre si se permite a Enel ejercer derechos políticos plenos en el consejo de Endesa o si, por el contrario, aplica la llamada ley Rato, que permitiría limitar al 3% la capacidad de voto en el sector energético español de compañías públicas extranjeras, como Enel.
La CNE considera que autorizar el ejercicio pleno de los derechos políticos "podría entrañar ciertos riesgos adicionales sobre las actividades desarrolladas por Endesa relacionadas con la seguridad pública energética española". Por eso, juzga "imprescindible" medidas que garanticen que Enel "no prime los intereses propios de la sociedad matriz y del Gobierno italiano" en sus decisiones estratégicas "relacionadas con la seguridad pública española".
Se sugiere también que los recursos económicos generados por Endesa deberán atender a "los planes de inversión" de la eléctrica. La CNE añade que el Consejo de Ministros debería establecer "medidas adicionales" de control sobre "los posibles cambios en la participación de Enel que modificase la estructura de control sobre Endesa".
UNA CUESTION DE SIMETRIA Según el organismo que preside Maite Costa, todas estas condiciones pretenden guardar "simetría" respecto a la capacidad de influencia que los estatutos de Enel confieren al Estado italiano, que puede vetar cualquier decisión estratégica de su consejo. Los estatutos de Enel, además, limitan al 3% los derechos políticos de cualquier accionista distinto del Estado.
A última hora, el consejo de la CNE decidió suprimir del informe la sugerencia al Gobierno de mantener la participación del 2,9% de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Endesa, e incluso incrementar su peso en el consejo de la eléctrica española.
El informe salió adelante ayer con cinco votos a favor (de consejeros próximos al PSOE y CiU, incluida la presidenta) y cuatro en contra, de los tres consejeros más cercanos al PP y de Luis Albentosa, que anunció un voto particular en contra.
DEBATE PARLAMENTARIO Mientras, el pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer una moción del Grupo Parlamentario Popular que instaba a limitar al 3% los derechos de voto de Enel en la eléctrica española. La posibilidad de limitar los derechos políticos de una compañía pública extranjera en una empresa energética española nace de la ley Rato de finales de 1999, pero no ha sido aplicada en ninguna de las 18 ocasiones planteadas a los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, en la actualidad.
La moción popular también incluía la propuesta de investigar el perjuicio ocasionado a los accionistas de Endesa que vendieron sus títulos con información "distorsionada" quedando fuera de la posterior oferta formulada por Enel y Acciona a un precio mayor.
