Otra de las multinacionales estadounidenses, Coca-Cola, está en la picota. El Gobierno federal ha abierto una investigación sobre las acusaciones de que infló sus ventas y beneficios mediante el fraude contable, vertidas contra el mayor fabricante mundial de refrescos por uno de sus exempleados, según anunció ayer la propia empresa desde la sede central en Atlanta (Georgia).
"Cooperaremos con la investigación", prometió Coca-Cola en una escueta declaración, ante la apertura de diligencias por la oficina de Atlanta de la fiscalía federal. Será la segunda investigación abierta recientemente a la empresa, ya que el mes pasado la Comisión Federal del Mercado de Valores --Securities and Exchange Commission (SEC)-- exigió a la compañía la entrega de documentos para revisar sus prácticas contables, por las acusaciones.
EMPLEADO DESPEDIDO
El escrutinio sobre Coca-Cola procede de dos demandas presentadas contra ella por Matthew Whitley, exdirector financiero de la división de bebidas a granel, que fue despedido el pasado marzo. En ellas no sólo alega que su despido fue improcedente, sino que acusa a la empresa de conspirar para hinchar sus beneficios brutos en 750 millones de euros (unos 125.000 millones de pesetas) anuales y de ocultar el fracaso de algunos productos nuevos.
Whitley asegura que la cúpula de la empresa conocía el mal funcionamiento de 80.000 de las máquinas que expiden sus bebidas frías, porque permiten que ciertos residuos metálicos contaminen algunas de ellas, algo que Coca-Cola ha negado.
Según Withley, la división de bebidas a granel que controla las máquinas colocadas en cines, restaurantes y otros lugares públicos, y supone un tercio de los ingresos de Coca-Cola, se puso de acuerdo con los proveedores de estas máquinas para que elevaran fraudulentamente el precio de las tradicionales y redujeran el de las electrónicas, para fomentar la demanda de un nuevo producto poco popular.
Whitley, que exige a Coca-Cola 44 millones de euros (7.321 millones de pesetas) como indemnización por su despido, afirma que fue expulsado por expresar su preocupación por la política de la empresa al presidente, Steven Heyer, a partir de diciembre del 2002, cuando Heyer accedió al cargo. La empresa afirma que se trata de una venganza.
